Roland Vaubel: "No estoy a favor de la secesión, sino del derecho a la secesión"

MERCADOS / LIDERAZGO

El profesor Vaubel se licenció en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford, cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Columbia y se doctoró en la Universidad de Kiel. En la actualidad, Roland Vaubel es Catedrático de Economía en la Universidad de Mannheim, Alemania. A lo largo de su prolífica carrera académica, ha sido profesor de la Universidad de Erasmus Universsiteit de Rotterdam y de la Universidad de Chicago.

Roland Vaubel es miembro del Consejo Asesor del Ministerio Federal alemán de Economía y Tecnología. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor Académico del Instituto de Economía de Londres, editor asociado de la Revista de Organizaciones Internacionales y miembro de los consejos editoriales de las revistas European Journal of Political Economy, Constitutional Political Economy y Cato Journal.
Antes de su conferencia magistral en la Fundación Rafael del Pino, titulada “Las instituciones europeas como grupo de interés”, nos concede esta entrevista.

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: Aun cuando las decisiones para una secesión raramente son unánimes, me gustaría preguntarle por diferentes aspectos de la misma. Por ejemplo, el índice europeo de gobernanza posiciona a España de forma negativa, pero es curioso que, por regiones, Cataluña está aún peor posicionada. Se argumenta que el actual clima de secesión está estimulado, como por otro lado es lógico, por el Gobierno autonómico. ¿Hasta qué punto están relacionados estos índices de gobernanza tan negativos con los deseos de secesión?
ROLAND VAUBEL: Estoy seguro de que el Gobierno de Cataluña está popularizando la idea de secesión, porque incrementaría su poder si esta fuera independiente; pero también hay quienes abogan por su permanencia en España. Creo que al final son los votantes en Cataluña quienes deberían decidir si siguen a su Gobierno, con sus intereses en este tema, o no.

F.F.S.: Vivimos en un mundo donde la concentración y la masa crítica son importantes para el éxito económico. Usted ha dicho varias veces que una minoría que decide separarse pierde las economías de escala, sufriendo más que el Estado del que desea separarse, cuyos impuestos per cápita también se incrementan significativamente. ¿Ocurriría esto en el caso específico de Cataluña y España? ¿Con qué escenario nos podemos encontrar?
R.V.: Probablemente el coste per cápita de producir bienes públicos crecería más en Cataluña que en España. Hay dos cuestiones en su pregunta. En primer lugar, la ya mencionada acerca de que los catalanes son quienes deben decidir si la secesión es importante para ellos, haciendo que algunas consecuencias sean aceptables y estando dispuestos a soportar estos costes frente a otros posibles beneficios que podrían obtener. 
El segundo aspecto es que, si los costes fuesen muy elevados, esperaría que estos bienes públicos que se producen en economías de escala continuasen produciéndose de forma común. No existe ninguna razón por la cual dos Gobiernos no puedan cooperar en la producción de esos bienes públicos. Por ejemplo, se podrían mantener asuntos como la defensa militar (armas y ejército) que, por otro lado, sería difícil de sostener por el Gobierno catalán de manera unilateral. En este caso, Cataluña no tendría un ejército independiente ni una fuerza aérea propia; y lo mismo podría ocurrir con una política exterior común y temas similares. Una secesión no obliga a cortar todos los vínculos.
Observando la unión alemana y la filosofía que hay tras ella, basada en una perspectiva a largo plazo y centrada en el potencial que representa un solo país unido, vemos los resultados de la integración. Sin embargo, los países latinos destacan por tener una cultura más apasionada y antagonista. 
Tras haber sostenido frecuentes conversaciones off the record con líderes empresariales catalanes, el máximo común denominador de todas ellas es la preocupación respecto de una separación. Hay bancos y empresas energéticas que gozan de una fuerte implantación en el resto de España. La potencial reacción negativa les genera gran inquietud, pues perderían posiciones de privilegio en el país y, como consecuencia, sus mercados serían reducidos y se abriría la puerta a otras compañías europeas. Creo que estos aspectos no son suficientemente ponderados al analizar el coste de una secesión para la población; es más, la verbalización de estas preocupaciones está mal vista y, hasta cierto punto, es penalizada por el ambiente actual.
También ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que un “nuevo” país no fuese aceptado dentro de la Unión Europea, con la consecuente generación de barreras a la importación y exportación. Este asunto todavía está abierto y, aunque respetamos a la Comisión Europea, la realidad es que no existe información al respecto dentro de los Tratados de la Unión ni ninguna ley internacional que mencione que una región secesionista deba estar fuera de la Unión Europea; no hay una base legal para esto. La decisión no depende de la Comisión, sino que debería ser tomada por el Consejo de Europa. Además, ni siquiera pienso que debería ser unánime, porque no es un tema de volver a entrar, sino que la cuestión es que, si Cataluña deja España, dejaría al mismo tiempo de estar en la Unión Europea.
Por supuesto, las grandes compañías preferirían tener un solo Estado, pues una secesión supondría más reglas diferentes y mayores costes de información, de transacción, etc. Por eso, las grandes empresas siempre han favorecido la centralización, tanto económica como política. Sin embargo, opino que esta visión tiene poca perspectiva, pues si hay más Estados y compiten entre ellos, se reducirán las regulaciones y los impuestos. Si se quiere la libertad del individuo, y también la libertad económica para nuestras compañías, no debería haber grandes Gobiernos ni Estados. La centralización del poder político solo hace que el Gobierno tenga más poder sobre los ciudadanos y, como consecuencia, sobre los mercados. 
La razón por la cual Europa generó en los últimos 500 años ciencias e industrias modernas fue la ausencia de un imperio como en China, India o el Imperio Otomano. Los Gobiernos competían y se enfrentaban con otros gobernantes. 
Básicamente, estoy a favor de la competencia entre Gobiernos, no solo entre compañías. Eso significa que los Gobiernos deben ser pequeños en su estructura. Muchos ya han demostrado tener éxito, como Suiza, Países Bajos, Singapur, Hong Kong… En el mundo actual, donde las barreras del comercio son muy pequeñas, estos Estados pueden competir bien; de hecho, algunos tienen mejores rendimientos que los grandes.

F.F.S.: El presidente de Ericsson en España, Ingemar Naeve, nos planteaba que una de las soluciones al laberinto legislativo que existe en España (hay diferentes regulaciones nacionales, autonómicas, locales…) pasa por la implantación de normativas europeas comunes, iguales para todos. ¿Podría este proceso secesionista alterar esta situación? ¿Se incrementarían las regulaciones y las dificultades para acceder a los mercados? ¿Se mantendrían las duplicidades administrativas que sufrimos hoy?
R.V.: Creo que la descentralización llevaría a la desregulación. Por darle ejemplos, la Unión Europea es un ejercicio de centralización y eso, en esencia, ha permitido eliminar barreras y facilitar la competencia desde la perspectiva normativa, aunque esta centralización de las decisiones políticas en la Unión Europea nos lleva a la re-regulación. Así, desde 1987, cuando se introdujo la votación por mayoría cualificada en las regulaciones de la Unión Europea, se han abordado más de 50 directivas sobre el mercado laboral, como la de Tiempo de Trabajo, la del Trabajo Temporal, etc. Todas ellas posibles por votaciones mayoritarias cualificadas. 
Los británicos, irlandeses y daneses, que tenían los mercados laborales más liberales, sufrieron una votación en contra. La política había sido promovida por los franceses –cuyo mercado laboral está muy regulado–, quienes intentaron imponer un marco similar al suyo. Esto es, aumentar el nivel de regulación laboral en el mercado europeo. También tuvimos otras regulaciones laborales previas a 1987, como la Directiva de los Derechos de los Trabajadores en el caso de cambio de propiedad. Esta regulación se aseguraba de que no hubiese cambios en la propiedad para fines no “éticos”. Lo mismo ocurrió en el área de Impuestos. En 1992, tuvimos la Directiva relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, que introdujo una base impositiva mínima del 15%, lo que afectó a países que en aquel tiempo tenían unas tasas inferiores, como eran España o Alemania. En este último, la Directiva se apoyó porque sucedió justo después de la unificación y el déficit público era muy elevado. En esos momentos, la Segunda Cámara estaba dominada por la oposición, que se mostraba en desacuerdo con la subida, así que el Gobierno alemán instigó para que se implantase esta normativa a nivel europeo, obligando con la misma a que se subiesen los impuestos en Alemania, por encima de la decisión de la Segunda Cámara alemana y sin la aprobación parlamentaria. Este es un claro ejemplo de casación sin representatividad, y puedo dar muchos otros en este sentido, que ponen de manifiesto que la centralización incrementa los niveles impositivos.

F.F.S.: En el punto cuarto de su ensayo “The Political Economy of Secession in the European Union”, usted explica que la Corte Suprema de Canadá admitió en 1998 que la secesión solo es posible cuando el resto de provincias esté de acuerdo, y que, como en un divorcio, ambas partes han de llegar a un acuerdo sobre cómo los bienes comunes y las deudas deben ser compartidos. ¿Sería esto también posible en España? ¿Qué importancia tiene, en un proceso de secesión, que el resto del país no la desee?
R.V.: No sé qué pasaría en España, pero el Gobierno británico ha aceptado el derecho de Escocia para dejar, unilateralmente, el Reino Unido. Si los escoceses votan que quieren salir del Reino Unido, Londres no pondrá objeciones. Creo que la idea que subyace a este concepto es que todo Estado está basado en un contrato, y es indisputable el derecho de una parte a terminarlo; lo que significa que estos aspectos pueden ser unilaterales en su decisión, aunque no sea lo más deseable.
Creo que, al final, se llegará a un acuerdo, porque si una provincia decide mayoritariamente que quiere separarse, el resto terminará estando de acuerdo, aunque al principio trate de evitarlo. También creo que sucederá lo mismo en Canadá. En ese ensayo, explico que la cuestión de la secesión es diferente a la del divorcio, porque en un divorcio las negociaciones se hacen a la sombra de la ley. Es decir, si ambas partes no están de acuerdo con el divorcio, hay entonces un juez imparcial que puede decidir. 
La diferencia con una secesión es que esta no se hace al amparo de la ley, pues no existe una ley internacional ni corte judicial alguna para estos temas. Las Naciones Unidas no pueden solucionarlo; ni tampoco la Unión Europea, siendo además parcial en este aspecto, pues en el Consejo Europeo están los Gobiernos actuales que siempre estarían en contra de cualquier secesión.

F.F.S.: Tras su explicación, aparece una cuestión ética. En la Unión Europea, hay Gobiernos que no quieren perder poder frente a regiones deseosas de ganarlo. El trasfondo de estas situaciones es de egoísmo, va en contra de la unificación europea, en el sentido de la redistribución de la riqueza y la mejora de las condiciones sociales de las áreas más depauperadas. Los fondos europeos han sido un gran motor para el desarrollo del Sur de Europa, concretamente España ha recibido mucho más de lo que ha dado. Cataluña piensa que sus recursos le son sustraídos por el resto del país, cuando el caso es que, en los últimos años, esto no es totalmente cierto, pues hay otras regiones que soportan un mayor peso en los aspectos de la redistribución. Otro caso significativo fue el de La Lombardía, cuyas reivindicaciones tenían siempre un trasfondo económico…, el problema del dinero siempre está de fondo. Estas actitudes egoístas, ¿no harán que Europa pierda el tren de un futuro mejor, capaz de competir con las nuevas economías asiáticas? A largo plazo, ¿no será peor el remedio que la enfermedad?
R.V.: Justicia… Creo que la redistribución ha de ser esencialmente voluntaria. Quizás los catalanes piensen que la transferencia de recursos que realizan es excesiva. 
En lo que afecta a los pobres, no creo que estos sufriesen más en España o en Cataluña, pues investigaciones empíricas señalan que el deseo de ser caritativo es mayor en áreas homogéneas y entre poblaciones homogéneas. 
Si se tiene un Estado con diferentes grupos étnicos, encontraremos que la redistribución realizada por los Gobiernos es muy pequeña, porque el deseo de ser caritativo se relaciona con el grupo étnico propio más que con otros. Si pensamos en Cataluña como un grupo étnico, por un momento, su deseo de dar a los extremeños o andaluces será inferior. En cambio, si esa redistribución se hace en su grupo étnico, el deseo de hacer algo por los pobres crecerá. Por eso, es posible que ganen tanto los pobres en Cataluña como en Extremadura, porque los Estados serán más homogéneos. 
En relación a las barreras para el comercio, la Unión Europea se aseguraría de que Cataluña no pudiese crearlas, y se rija por las mismas leyes que el resto de los países han de cumplir.

F.F.S.: ¿Cree entonces que la secesión eliminará las barreras existentes?  ¿Cambiará el hecho de que un funcionario, incluso un médico, deba dominar el catalán para poder trabajar en Cataluña? ¿Se abrirían entonces escuelas públicas en castellano?
R.V.: Sí, creo que todo esto se iría desarrollando. Veamos el caso de Suiza: si eres un suizo que habla alemán, hay escuelas en alemán; si eres un suizo francófono, también hay escuelas en francés, incluso en italiano… Al igual que existen universidades en alemán, como la Universidad de Friburgo.

F.F.S.: Vargas Llosa aludía, al respecto de la situación que vivimos, al fenómeno “de la tribu”, descrito por el filósofo Karl Popper. Según Vargas Llosa, salir de la tribu es el comienzo del progreso, pues el individuo que se aparta adquiere independencia y soberanía, que favorecen la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, califica al nacionalismo como el regreso a la tribu, como la abdicación de tener decisión según las propias convicciones, como algo esencialmente antidemocrático. ¿Cuál es su opinión al respecto?
R.V.: No opino igual y estaría sorprendido de que Karl Popper hubiese dicho algo como a lo que se refiere Vargas Llosa. Creo que son los ciudadanos quienes han de decidir. Yo no estoy a favor de la secesión, sino a favor del derecho a la secesión. Es muy importante que esta competencia entre Gobiernos sea pacífica; es esencial. Se ha de poder avanzar y proceder sin introducir barreras. 
El trabajo más importante de la Unión Europea consiste en asegurarse de que, si Cataluña se separa, no le será permitido levantar barreras de ningún tipo. Evidentemente, no estoy a favor de los nacionalismos, ya que eso significa la preferencia de tu propio país frente a otros, estar a favor de la centralización de la nación y aspectos similares. Yo simplemente digo que, en nombre de la democracia, deben de ser las personas quienes decidan a qué Estado quieren pertenecer. La tribu es, por supuesto, poco pacífica; las tribus luchaban entre sí. Lo importante ahora es tener una competencia pacífica. 
En el pasado, la competencia entre Gobiernos tenía un tremendo éxito, a pesar de las guerras. En Europa sufrimos muchas, pero a pesar de ello fue también en Europa donde se introdujo la ciencia y la industria. Gracias a que hoy tenemos democracias, estamos en un momento donde la guerra es impensable, por eso no podemos permitir una competencia más intensa que la vivida en el pasado.

Entrevista publicada en Executive Excellence nº106 oct13