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Estudio "European Governance of the Energy Transition” de Enel y The European House – Ambrosetti

(Tiempo estimado: 4 - 7 minutos)

Efectos positivos sobre el producto interior bruto y el empleo, así como varios beneficios medioambientales. Gestionar con eficacia la transición energética mejorando la eficiencia de la gobernanza es un requisito esencial no sólo para garantizar la sostenibilidad del sistema energético, sino también para aprovechar una oportunidad imperdible de crear valor y empleo. Esto es lo que se desprende del estudio "European Governance of the Energy Transition", realizado por Enel Foundation y The European House - Ambrosetti en colaboración con Enel.

En su presentación durante el Foro de The European House - Ambrosetti, asistieron Valerio De Molli, Managing Partner y CEO de The European House - Ambrosetti, Francesco Starace, CEO y Director General de Enel y Stefano Manservisi, Profesor y Miembro del Grupo de Trabajo Internacional Independiente sobre la Acción Creativa para el Clima, Sciences Po - Escuela de Asuntos Internacionales de París.


El estudio analiza el retraso de la Unión Europea y de Italia en la consecución de los objetivos de descarbonización para 2030


“La decisión de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%, y no en un 40%, para 2030 (en comparación con los niveles de 1990), acompañada de la reciente propuesta del paquete "Fit for 55", confirma que la descarbonización está en el centro de la construcción de la Europa del futuro”, comentó Francesco Starace, CEO y Director General de Enel. “Reducir la brecha de inversión con los aproximadamente 3.600.000 millones de euros necesarios para cumplir el objetivo de 2030 en Europa, de los cuales aproximadamente 190.000 millones de euros corresponden solamente a Italia, podría tener un impacto acumulado en el PIB de más de 8.000.000 millones de euros, de los cuales más de 400.000 millones de euros corresponden sólo a Italia. Sin embargo, al ritmo actual, Europa cumpliría el nuevo objetivo de renovables para 2030 sólo en 2043. Sería demasiado tarde y sería una pena perder una oportunidad tan grande de creación de valor económico. Por tanto, es necesario acelerar y dotarnos de un sistema de gobernanza adecuado a la magnitud del desafío, capaz de traducir las intenciones en acciones concretas y aprovechar las enormes oportunidades que se derivan de este compromiso”.

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, una amenaza global que trasciende las fronteras de los Estados y tiene consecuencias directas en la vida de todos nosotros. Desde los años noventa, la Unión Europea ha desempeñado un papel destacado a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático, adoptando políticas puntuales y fijando objetivos muy ambiciosos para reducir los gases de efecto invernadero, aumentar la proporción de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final y mejorar la eficiencia energética. En los dos últimos años, la Comisión Europea ha subido el listón y en julio de 2021 elevó el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40% anterior a un mínimo del 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Un objetivo ambicioso con el que se pretende consolidar la posición de la UE como líder mundial en la transición energética durante la próxima década.


 El informe examina el complejo sistema de gobernanza europeo e italiano de la transición energética, identificando los puntos débiles a superar


Las inversiones en los sectores implicados en el proceso de transición energética generarían beneficios en cascada, tanto en Europa como en Italia, con importantes efectos indirectos e inducidos. De hecho, este estudio demuestra que la reducción de estas brechas en los próximos 10 años podría tener un impacto acumulado en el PIB de más de 8.000.000 millones de euros en la Unión Europea y más de 400.000 millones de euros en Italia. 

Por lo tanto, Europa tiene una oportunidad sin precedentes para poner en marcha inversiones a la altura de lo que está en juego. El “Next Generation EU”, un plan plurianual de 750.000 millones de euros para crear una Europa más conectada, sostenible y resiliente, ocupa un lugar central en la estrategia de recuperación de Europa. Italia es el mayor beneficiario del “Next Generation EU” y ha elaborado un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) que asciende a cerca de 235.000 millones de euros, de los cuales el 30% se dedica a la misión de "revolución verde".

Ante esta gran oportunidad de creación de valor y la urgencia asociada al cambio climático, el estudio revela que, al ritmo actual, Europa sólo cumpliría el nuevo objetivo de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero en 2051, con 21 años de retraso respecto a 2030. En cuanto a los otros nuevos objetivos establecidos para las energías renovables (40%) y la eficiencia energética (+36%), también en este caso Europa va muy retrasada: al ritmo actual se cumplirían en 2043 y 2053 respectivamente. En Italia, el PNIEC aún debe revisarse en vista del paquete "Fit for 55". Una estimación de los nuevos objetivos para 2030 en Italia podría ser la siguiente: una reducción del 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una contribución del 37,9% de las energías renovables y un aumento del 46,4% de la eficiencia energética. Al evaluar los resultados actuales de Italia en la consecución de estos objetivos, se observa un retraso medio de 29 años, frente a los 19 de Europa, con un retraso de 24 años para las energías renovables.

Por tanto, es necesario un rápido cambio de rumbo que permita a Europa realizar las inversiones necesarias para compensar el retraso acumulado durante años y acelerar la creación de valor económico. Para desbloquear las inversiones necesarias es esencial superar los obstáculos actuales en la gobernanza de la transición energética. El estudio analiza la configuración actual de la gobernanza, entendida como el conjunto de funciones, normas, procedimientos e instrumentos (legislativos, de aplicación y de control) relacionados con la gestión de la transición energética, con el fin de cumplir los objetivos estratégicos y operativos. 

El estudio demuestra que la gobernanza de la transición energética en Europa tiene que hacer frente a tres cuestiones principales:

  • La energía es una competencia compartida entre los Estados miembros y la UE.
  • La creciente necesidad de aplicar un nuevo sistema de aplicación "indirecta".
  • La necesidad reforzar el nuevo mecanismo de gestión de los objetivos ecológicos.

En Italia, la eficacia de la gobernanza de la transición energética se ve limitada por cinco factores: la fragmentación de las responsabilidades entre las partes interesadas a diferentes niveles, la falta de uniformidad de las normas locales y de la aplicación local de las normas nacionales, una débil implicación y compromiso de las instituciones y comunidades locales que erosiona la aceptación social, la ineficacia vinculada al papel de los organismos públicos técnico-administrativos y la fragmentación de la formulación de las políticas sectoriales.

Para superar estos retos, el estudio se concentra en siete propuestas, divididas según sus respectivos ámbitos de actuación: europeo (en sus dos dimensiones, interna y externa) e italiano. En cuanto a la dimensión interna europea, se propone reforzar la cooperación en la gobernanza de la transición energética, reconociendo oficialmente su papel crítico, y adoptar un enfoque regional para fomentar la integración de los mercados europeos; en cuanto a la dimensión externa de la Unión Europea, en el estudio se propone fomentar el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) a nivel internacional y promover mecanismos más eficaces para garantizar que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) sean coherentes con los objetivos del Acuerdo de París. En lo que respecta al ámbito de actuación italiano, se propone simplificar los procedimientos de autorización de las instalaciones de fuentes renovables y fomentar las medidas de eficiencia energética, así como crear un mecanismo de interacción homogéneo y normalizado entre las autoridades locales, por un lado, y los distribuidores de electricidad (Distribution System Operator, DSOs) y los Charge Point Operator (CPOs), por otro lado, para fomentar el desarrollo de la infraestructura de carga y, por último, para promover la plena integración de los distritos y clústers industriales locales, los ecosistemas de innovación y las comunidades energéticas con la red de distribución nacional.


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