Enrique Hernández Bento, una mirada crítica

Enrique Hernández Bento tomó posesión como Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en enero de 2012. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario de carrera de la Escala de Administradores Financieros y Tributarios de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

Ocupó distintos cargos como el de Delegado de la Zona Franca de Gran Canaria y el de Interventor General de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como diversos puestos de responsabilidad en la Dirección General de Tributos de Canarias. Con él hablamos sobre algunos de los desafíos que hoy afronta el Ministerio. 

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: Hoy una pyme localizada en España y con los mismos fundamentales que otra ubicada en Alemania debe financiarse tres puntos por encima. ¿Cómo se pueden superar estas condiciones adversas para ser competitivos a nivel industrial y empresarial con Europa?

ENRIQUE HERNÁNDEZ BENTO: Además del coste de financiación, el coste de la energía es uno de los más significativos para la industria, un elemento clave en la competitividad de las empresas de un país. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con un tremendo problema de casi 24.000 millones de déficit de tarifa eléctrica. Esto supone que todos los españoles debemos a las compañías eléctricas, a día de hoy, unos 30.000 millones aproximadamente. 

A partir de ese momento, el Ministerio adoptó una serie de medidas encaminadas a buscar un equilibrio tanto en las fuentes de generación de energía –factor clave en la seguridad energética de un país– como desde el punto de vista económico, tratando de evitar que la generación eléctrica en el conjunto del sistema provoque un déficit anual de 10.000 millones de euros. De lo contrario, esto podía acabar llevando a España a un problema financiero.

Después de haber hecho un análisis para averiguar cómo estaba funcionando el sistema, nos dimos cuenta de que el coste de la energía eléctrica en nuestro país es muy similar al del resto de los países de nuestro entorno europeo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que, en un momento determinado, los anteriores gobiernos tomaron la decisión política de incluir en el recibo de la luz costes no asociados a la generación eléctrica. Desde el principio, el Ministerio ha ido tomando decisiones para sacar todos esos costes no asociados y buscar un equilibrio entre costes efectivos de generación e ingresos. Igualmente ha adoptado medidas por la parte de los ingresos (en una Ley aprobada el año pasado se gravan determinadas cuestiones que tienen que ver con la generación eléctrica y que supondrán unos ingresos complementarios a los que ya de por sí daba el sistema eléctrico). La idea del Ministerio, y de este Gobierno, es que para 2014 alcancemos el equilibrio entre los costes y los ingresos del sistema.

Todo esto, unido al nuevo modelo para la obtención de precios de la tarifa eléctrica, producirá una minoración en el recibo de la luz de los particulares y de la industria.

F.F.S.: Hablando de la situación actual, nos parece que a partir del problema del trasvase de gas de Rusia a Europa, a España se le está presentando un escenario estratégicamente interesante para aumentar las interconexiones. ¿Se está tomando alguna medida al respecto?

E.H.B.: Una de las cuestiones básicas de la estrategia de seguridad nacional es reforzar la interconexión con sistemas europeos. Evidentemente, ahí existe una oportunidad.

En el tema del gas, el interés de España en reforzar esas conexiones a través de Francia son claras, pero esto no es una cuestión que dependa de nuestro país sino de la política europea. Ahora mismo, Europa consume el 14% de la energía mundial pero genera solamente el 6%, con lo cual tenemos un problema regional.

Creo que el hecho de no tener una respuesta inmediata ante un hipotético corte del suministro de gas a Europa por parte Rusia, nos tiene que servir a todos los países europeos para intentar limitar esa dependencia y reflexionar sobre otras alternativas frente a crisis como la de Ucrania.

España tiene una ventaja, y es que el posible gas que pudiese llegar desde Estados Unidos –lo cual fue un ofrecimiento de Obama en su reciente visita europea– inexorablemente tendría que entrar por la Península, porque disponemos de las regasificadoras necesarias. Esto representa una oportunidad que deberíamos aprovechar como país. Desde el punto de vista estratégico, nuestra intención es convencer primero a los países de la Unión Europea de la importancia de ese plan B, que pasa por reforzar las conexiones con la red europea.

F.F.S.: En este momento, Francia es clave en el debate norte-sur entre países acreedores y deudores de la Unión Europea, y parece que puede perder peso en el eje franco-alemán, puesto que su problemática ahora es más similar a la de los países del Mediterráneo. Estratégicamente, ¿esto puede favorecer la vinculación para el desarrollo de nuevas interconexiones?

E.H.B.: Es posible, pero creo más que la posición de Francia lo que va importar es la de Alemania, que además tiene fuertes intereses políticos con Rusia. La energía es, y cada vez lo será más, un elemento clave en la geopolítica a nivel mundial, y los intereses de los países en el ámbito europeo están muy cruzados.

A pesar de que Alemania tiene mucha dependencia de Rusia, creo que, en materia energética, Europa no debería tener una visión miope. La solución no es salvaguardar únicamente la seguridad energética de cada país de manera individual, como ha sucedido hasta ahora, sino velar por el interés común de todos los países integrantes de la Unión. Ese mercado único europeo en materia energética está todavía por definir, sobre todo las reglas del juego. 

F.F.S.: Siguiendo con el tema de las oportunidades, ¿qué supondría para España la oferta de la base logística de Repsol para las islas y la inversión prevista por esta multinacional, si finalmente encuentra petróleo en esas aguas?

E.H.B.: Es una cuestión que me preocupa mucho, que cada vez está tomando más fuerza en los medios y en la sociedad, y que, lamentablemente, es muy dada a la demagogia y la confusión.

La posición del Ministerio y del Gobierno es muy clara. España es dependiente energéticamente del exterior en más del 70%; en el caso concreto de hidrocarburos, en un 99%, pues lo único que producimos son unos 7.000 barriles de petróleo al día en la plataforma de Casa Blanca frente al delta del Ebro. Ahora mismo, España está pagando 100 millones de euros al día en la compra de hidrocarburos, unos 35.000 millones de euros al año. Eso afecta directamente al equilibrio de la balanza comercial y a otros muchos datos macro económicos que sin duda influyen a la hora de buscar la confianza de los mercados internacionales. Estamos hablando de competitividad y de innovación.

La pregunta es: ¿un país tan dependiente energéticamente del exterior como el nuestro, y por tanto muy vulnerable en este sentido, se puede permitir el lujo de renunciar a conocer cuál es la riqueza energética que tiene su territorio y su mar, máxime cuando desde el punto de vista de las garantías medioambientales somos el país europeo con la normativa más avanzada? 

Se nos dice que no valoramos los riesgos de los dos sondeos de investigación que se quieren hacer en Canarias; y el riesgo es que, de los 25 principales accidentes que se han producido en la historia de esta industria, 24 tienen que ver con el transporte marítimo de hidrocarburos, es decir, petroleros, y solo uno, el de Macondo del Golfo de México, en una plataforma de explotación comercial de petróleo, en ningún sondeo exploratorio.

El riesgo cero no existe, pero sí el riesgo cercano a cero; y estamos hablando de una actividad con riesgo cercano a cero. De hecho, la Agencia Internacional de Energía emite anualmente un informe sobre las principales causas de contaminación de los mares. El 43% tiene que ver con filtraciones naturales, más del 30% con el trasbordo de combustible de tierra al mar, el búnkering, y solamente un 3% con actividad de extracción de petróleo.

Creo que un Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, de velar y salvaguardar los valores medioambientales, de hacer una valoración de riesgos y de posibles beneficios, y defender después claramente su posición. Quizá hemos fallado en la comunicación de este tema, pero es fundamental que el ciudadano sea consciente de que su bienestar dependerá, en gran medida, de tener unas fuentes de energía garantizada y segura.

F.F.S.: En el hipotético caso de que se descubra petróleo en la zona. ¿Qué porcentaje se llevaría el Estado?

E.H.B.: Me gustaría hacer un breve repaso por la historia de Noruega para contestarle. Noruega era un país pobre energéticamente, y no tenía ninguna empresa pública que explotara el petróleo. España tampoco se podría permitir una que realice los sondeos de investigación y que posteriormente explote esos hidrocarburos, porque la inversión que esto supone sería inasumible. Para que se haga una idea, para los dos sondeos exploratorios que quiere hacer Repsol en Canarias la inversión está en torno a los 200 millones de dólares. 

Hace 60 años, Noruega tomó la decisión de iniciar una campaña de investigación, a partir de la cual descubrió que es la principal potencia energética en hidrocarburo de la Unión Europea, y puso en marcha un modelo con su propia empresa pública. Todo esto ha contribuido, por ejemplo, a que hoy los jubilados noruegos sean unos de los más ricos del mundo desde el punto de vista de capacidad adquisitiva. 

Desde el Ministerio, hemos propuesto que los territorios que soporten este tipo de actividad deberían tener una compensación económica por ello, y así se lo hemos trasladado a las distintas Comunidades Autónomas que pueden sufrir estos trabajos de investigación (ni siquiera estamos hablando de trabajos de explotación, sino de investigación para averiguar si tenemos riqueza en materia de hidrocarburo). En el caso de Canarias, estamos hablando de una posibilidad de entre 100.000 y 140.000 barriles diarios de petróleo, lo cual representa reducir en un 10% la dependencia de la compra de hidrocarburos, que equivale aproximadamente a 3.500 millones de dólares al año.

Cuando se hace un descubrimiento importante, el gobierno de turno, vía impositiva, establece un impuesto a la extracción de ese hidrocarburo. Son reglas con las que también juegan las compañías, que saben perfectamente que si se produjese un gran descubrimiento de hidrocarburos en España, el Estado tendría una parte sustancial.

El Ministro Soria ha ofrecido al presidente de Canarias que su Comunidad Autónoma se beneficie, más allá del rédito que de por sí supondría el establecimiento de una base logística para toda la actividad relacionada con el trabajo de investigación y el posterior trabajo de explotación de las bolsas que se pudiesen encontrar. Además de la imposición indirecta en la actividad económica que todo eso generaría en el entorno portuario, en industrias auxiliares, etc., nosotros le hemos propuesto al Gobierno de Canarias tener también una señal económica adicional para soportar dicha actividad. De hecho, hace unas semanas hice una declaración acerca de la posibilidad que estamos barajando para una modificación de la Ley General de Hidrocarburos, con el objeto de introducir esa señal económica a favor de las Comunidades Autónomas en la propia Ley.

En mi opinión, todo son beneficios, y los únicos inconvenientes son los posibles riesgos. Somos un país que, desde la perspectiva de la preservación de los valores medioambientales, tenemos una de las legislaciones más avanzadas. Por ejemplo, somos el único país europeo que exige una declaración de impacto ambiental con carácter general para el tipo de trabajos que se van a realizar en las Islas Baleares, que consisten en el paso de un barco con un sónar para hacer una radiografía del subsuelo marino. 

F.F.S.: Nos consta que otro de los asuntos que le “preocupa” y ocupa es el de la innovación de la Administración Pública. Escribía en un artículo, citando a Cánovas, que “en materia de Administración, todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejor”. ¿Cuáles son las palancas que se pueden utilizar para generar la innovación interna de la estructura pública?

E.H.B.: En primer lugar, creer en lo que uno hace. Somos un Ministerio que, por las políticas que gestionamos, insistimos mucho en la necesidad de que nuestro sector empresarial innove. Yo siempre defiendo que innovar no es un concepto que tenga que estar únicamente vinculado a una innovación tecnológica, sino que cualquier cambio en nuestra empresa que nos permita obtener un mejor resultado en la cuenta de resultados es innovación. 

Muchas veces, los responsables públicos entendemos por innovar disponer de nuevas tecnologías para hacer las cosas más rápido, pero una Administración moderna no pasa solo por esto ni tampoco por reducir el número de consejeros en los consejos de administración de las empresas públicas, sino por hacer una reflexión muy profunda sobre la determinación clara de competencias entre las Administraciones, por llevar a cabo una modernización de la estructura pública desde dentro, por cambios en los modelos de control internos, por cambios de procedimiento. 

Se trata de conseguir un equilibrio entre el cumplimiento de la legalidad y el tener unos modelos más ágiles y eficientes en la toma de decisiones y en la respuesta al ciudadano.

Ahora tenemos un modelo de gestión pública muy enfocado a garantizar la legalidad de los procesos, pero no nos preocupamos de conocer los resultados de esos procesos. Cuando era Interventor general en la Comunidad Autónoma de Canarias, me pasaron muchos informes favorables sobre determinados expedientes de contratación de diferentes servicios, entre otros el de limpieza de los hospitales. El informe de fiscalización estaba inmaculado, pero yo siempre decía: “A mí no me preocupa que desde el punto de vista de la legalidad este expediente esté inmaculado, lo que me preocupa es que el hospital lo esté”. Es decir, tenemos información sobre la legalidad y el cumplimento de trámites formales en los procedimientos, pero muy poca sobre qué efecto tiene la política de gasto público que soporta ese expediente, sobre si realmente el objetivo que se perseguía se ha conseguido o no. 

Una palanca importante para innovar en modelos de gestión pública es la política presupuestaria. En este sentido, sobre todo en los dos últimos años, se ha llevado a cabo una política muy encaminada al ajuste fiscal, a la reducción de gastos y estructuras. Creo que se ha realizado un buen trabajo y que los resultados se están viendo ahora. La política presupuestaria es determinante. No se puede exigir un esfuerzo de consolidación a nivel presupuestario a los distintos Ministerios y después establecer una política de gestión presupuestaria que complique aún más la ejecución de un presupuesto. Hemos hecho una política de ajuste muy dura, en el caso de nuestro Ministerio hemos reducido el presupuesto operativo en un 53% durante casi dos años. Lo único que luego pide el gestor es que, una vez que te fijas ese presupuesto y con el esfuerzo que hemos hecho, busquemos fórmulas que nos permitan gestionarlo de una forma mucho más ágil.

Este Ministerio ha participado muy activamente en el informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), aunque quizá no lo hayamos aprovechado lo suficiente para introducir alguna señal imprescindible en el cambio de modelo de gestión.

También es primordial el concepto de control que tienen las Administraciones Públicas. Recuerdo cuando, como Interventor general, para provocar este cambio en el modelo de gestión desde la Intervención general, pasamos de un control previo en el gasto a uno posterior. Eso supuso un tremendo shock emocional para la Administración Pública canaria, porque al final le estábamos diciendo al gestor público que hiciera su trabajo sin el control previo de la Intervención general, que luego pasaría a hacer un control posterior donde, además de la legalidad, se iban a analizar cuestiones relacionadas con cumplimiento de objetivos, resultado de las políticas de gastos ejecutadas, etc.

Uno se siente muy cómodo cuando tramita un expediente de gasto con la firma previa del Interventor que certifica que, desde el punto de la legalidad, eso está bien; pero cuando le dices que vas a quitar esa firma, y que la responsabilidad del expediente es única y exclusivamente suya, todo cambia. Recuerdo que en esa etapa tuve que ir consejería a consejería, reuniéndome con los Jefes de servicio, etc. y preguntarles si realmente se consideraban funcionarios cuya actuación estaba guiada por la legalidad. Porque esa no la tiene que garantizar un Interventor, sino cada uno de ellos como funcionarios públicos responsables tanto de la legalidad como del resultado efectivo de la gestión. No tiene sentido que haya otro funcionario que les certifique que, desde la perspectiva procedimental, se está cumpliendo con la legalidad. Tenemos un modelo de control muy formal, muy latino, pero existen otros modelos anglosajones donde la verificación se hace después, como en el caso de los fondos europeos, donde el control es posterior. 

F.F.S.: Uno de los problemas es la diferencia de velocidades entre la innovación que se produce en el mundo y la capacidad de la Administración Pública para asumirla. ¿Cómo se gestiona desde el Ministerio de Industria esta necesidad de estar al día?

E.H.B.: Es cierto que ahora mismo no tenemos estructuras lo suficientemente ágiles para adaptarnos a los cambios. Creo que las Administraciones modernas han de ser más pequeñas, con mayor peso de personal técnico cualificado, y con un personal administrativo muy reducido. Esto permitiría tener administraciones más ágiles a la hora de responder a las necesidades que nos plantea el cambio constante de la sociedad.

Hablamos además de estructuras que están acomodadas al trabajo que cada uno desempeña en ellas. Yo soy funcionario, y sé de lo que estoy hablando. Además, el ciudadano concibe a las Administraciones Públicas como un obstáculo que tiene que salvar para llegar a realizar su proyecto, ya sea un particular, un empresario o un emprendedor.

Por lo tanto, debemos hacer una reflexión interna profunda y aprovechar este tremendo esfuerzo para cambiar mentalidades. Al final, cambiar los modelos de gestión es cambiar las formas de pensar.

F.F.S.: Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han emprendido un conjunto de acciones innovadoras en su gestión, entre ellas la convocatoria IN’NOVA Minetur 2014©. ¿En qué consiste y qué objetivo persigue?

E.H.B.: Desde 2012 venimos impulsando desde la Subsecretaría mejoras organizativas internas. El año pasado pusimos en funcionamiento un modelo de gestión por objetivos, y establecimos en cada Subdirección indicadores para medirlos. En este momento, estamos en el proceso de evaluación de los resultados de 2013, que nos está permitiendo modificar alguno de los objetivos para 2014. 

Muchas veces no cumplir un objetivo no significa que no haya habido una buena predisposición por parte de la unidad para conseguirlo. Este modelo permite poner de manifiesto problemas estructurales dentro de esa unidad, lo cual puede alertar de otras cuestiones de fondo sobre las que hay que tomar una decisión y cambiar. Desde la Subsecretaría, hemos dado pasos en esa idea de intentar ser más eficientes y cambiar el modelo de gestión.

También hicimos avances en materia formativa, como la creación de la comunidad de formadores o la puesta en marcha de un plan de formación del equipo directivo muy interesante y que ha tenido magníficos resultados. Es esencial conseguir un Ministerio con una única cabeza, un equipo cohesionado donde todo el mundo sepa lo que se está haciendo en las cuatro grandes áreas que componen este Ministerio (Energía, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Industria y pyme, y Turismo). 

Por último quisiera destacar los numerosos avances en el campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (Ministerios sin Papeles, Teletrabajo, Relaciones con la Administración de Justicia, Evaluación de proyectos, etc.).

Creemos que ahora es el momento adecuado para que, de alguna forma, se reconozca el esfuerzo de muchas unidades y se impulse el espíritu innovador dentro de nuestra casa. Por eso, hemos ideado un proceso de fomento de la iniciativa con unos premios (In’nova Minetur 2014©) que tratan de incentivarlas para que sigan en ese camino de mejora y de cambio. Es decir, que sean conscientes de que, por parte de la Subsecretaría, no solo se les está impulsando a innovar, sino también que esa iniciativa innovadora sea reconocida internamente.

Sé que hablar de impulso a la innovación en la Administración, especialmente en una entidad tan grande y compleja como el Ministerio, no es fácil porque las Administraciones somos organizaciones con unas dinámicas poco favorables al espíritu emprendedor. Sí hemos hecho avances gracias a las inversiones en nuevas tecnologías con resultados brillantes en el caso de nuestro Ministerio, pero asumimos que la mejora de nuestra organización debería ser algo más que la Administración electrónica. Innovación tecnológica es también innovación pública –sin ninguna duda–, pero esta innovación no es la única posible ni la más necesaria a medio plazo y largo plazo. Nuestra asignatura pendiente es la de afrontar cambios significativos en las reglas y modos de organizarnos, motivarnos e incentivarnos, y en esos espacios el campo para la innovación es tan apasionante como amplio. En tales coordenadas se inscribe IN’NOVA, un ensayo de fomento del espíritu emprendedor interno.

En pocos años, dada la persistencia de esta crisis, los condicionantes de las organizaciones públicas cambiarán de modo drástico y de lo que se trata, a mi juicio, es de generar estímulos para dar oportunidad a que, entre otros factores, sean las organizaciones administrativas por su iniciativa y los propios empleados los que contribuyan de alguna medida a esa adaptación. Para ello hay que comenzar a sembrar en todos los niveles el espíritu de innovación, la mirada crítica a nuestro entorno profesional y la semilla de la participación activa en la mejora de nuestras propias instituciones. 

Además de más delgada, nuestra Administración tendría que salir más fibrosa y musculada de la crisis. Por ello, aparte de ajustes fiscales, ciertas inercias de las organizaciones públicas deben cambiar y en parte deberían hacerlo, a mi entender, por impulso interno. A mi juicio, este es el reto –difícil– del liderazgo público en la hora presente, y en ese reto se inscribe –con modestia– la convocatoria IN’NOVA Minetur 2014©. Por mi experiencia como Subsecretario, opino que este Ministerio cuenta con una organización esencialmente sana y permeable a los cambios, por lo que creo que hay suficiente madurez colectiva para tener éxito en este proyecto.

Sé que habrá resistencias y que no serán pocos los que piensen que la innovación en la Administración tiene algo de extravagante y fuera de lo normal. Sé que habrá quienes piensen que el impulso innovador no es más que un fruto de una moda importada, como tantas, del sector privado, una ola de entusiasmo pasajero. Pero creo que tenemos argumentos en el Ministerio para sostener la lógica, la conveniencia y la necesidad de proyectar nuestra fuerza innovadora interna y disponemos de elementos para su éxito que confío que IN’NOVA Minetur 2014© ponga de manifiesto.

Entrevista publicada en Executive Excellence nº112 mayo 2014