La política europea medioambiental en la industria española

Desde febrero de 2014 ostenta el cargo de secretaria general de Industria y de la Pyme en el Ministerio español de Industria, Energía y Turismo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Cristeto pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Con anterioridad fue consejera delegada de la Empresa Nacional de Innovación, secretaria general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y subdirectora general jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Ciencia e Innovación, entre otros cargos.

Entre sus responsabilidades actuales está la propuesta, el desarrollo y el seguimiento de la política general del Departamento en relación con la industria y la pequeña y mediana empresa, en particular la definición, ejecución y seguimiento de la política industrial.

EXECUTIVE EXCELLENCE: El Ministerio de Industria ocupa una posición intermedia entre la UE y su proceso de generación de normativa aplicada a la industria y el sector industrial privado español. ¿Cómo defiende el Ministerio (y en qué materias) a la industria española?

BEGOÑA CRISTETO: Efectivamente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al igual que el resto de departamentos ministeriales, tiene un papel relevante en el proceso de generación normativa, desde que se detecta una necesidad en la sociedad hasta que se produce una norma que satisface esa necesidad y causa efectos en los ciudadanos y empresas de la Unión Europea.

Esto es así porque, en la arquitectura institucional europea, existen áreas donde los Estados Miembros estiman que debe existir un marco común que sirva de guía o referencia a la actuación individual de los Estados Miembros en la ejecución de sus competencias nacionales. Este es el caso de áreas como la energía o el medio ambiente. La actuación de la Unión Europea en estas áreas, que sirven como ejemplo, tiene una influencia fundamental en el sector industrial y en su competitividad.

En este proceso de generación normativa, la Comisión Europea presenta una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo. Esta propuesta se debate en los órganos preparatorios y de trabajo a diversos niveles, compuestos todos por funcionarios de los países de la UE o de sus representaciones permanentes. Es en el seno de estos grupos del Consejo y del Parlamento donde los países defienden los intereses de los sectores nacionales afectados.

Efectivamente, los representantes españoles en estos grupos recaban las posturas de los departamentos ministeriales afectados, así como la opinión técnica de asociaciones sectoriales representativas y de esta manera se conforma la postura de España sobre la materia. Esta postura se defiende, de forma que la propuesta legislativa que finalmente adopten el Consejo y el Parlamento refleje los intereses del sector industrial español.

Una vez que la norma, generalmente una Directiva, es publicada, los Estados Miembros, entre ellos España, tienen que incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional. Esta labor la hace el departamento ministerial competente en la materia objeto de regulación. Toda vez que la mayoría de las materias sectoriales afectan al desempeño del resto de sectores productivos, en esta labor de trasposición, el Ministerio correspondiente debe recabar la opinión de otros departamentos ministeriales afectados.

En particular, las trasposiciones de Directivas que realiza el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el área de Industria, responde a los intereses del sector industrial español. De la misma forma, los informes que emite sobre trasposiciones que realizan otros departamentos responden a los intereses de la industria española, con estimaciones sobre cómo la propuesta de trasposición que se está elaborando afecta a su competitividad.

Ejemplo paradigmático de propuesta legislativa en discusión en la Unión Europea y que va a tener una gran afectación en todo el sector industrial español, es la revisión de la Directiva sobre comercio de derechos de emisión (ETS).

E.E.: ¿Qué variables a medio plazo serán claves para la industria española en relación a la política medioambiental europea?

B.C.: Las políticas energéticas y climáticas que se fijaron en la Estrategia Europa 2020 a través de tres objetivos principales en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, las energías renovables y el consumo de energía han tenido éxito en conseguir las reducciones en la intensidad energética industrial y la intensidad de CO2, pero han supuesto un importante esfuerzo que no se observa que otros competidores internacionales hayan realizado de manera simétrica.

La UE reconoce que la transición a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de la energía y de las materias primas tiene un importante impacto sobre la competitividad de las industrias europeas en el corto plazo, a pesar de la gran capacidad de adaptación de la industria, de las mejoras en la eficiencia energética y los esfuerzos para completar el mercado interior de la energía.

En este contexto, la revisión que se está llevando a cabo actualmente de la Directiva sobre comercio de derechos de emisión es la variable que más impacto va a tener para la industria española, en el corto, medio y largo plazo.

E.E.: ¿Cómo se puede compatibilizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la industria?

B.C.: Esta es la gran cuestión, que por otro lado no es especialmente sencilla: conseguir el necesario equilibrio entre los objetivos medioambientales de la Unión Europea y la competitividad de las industrias nacionales.

La ventaja competitiva de la UE siempre se ha basado en un sólido y predecible entorno institucional, infraestructuras de calidad, un alto nivel de conocimientos tecnológicos y la predictibilidad de los inputs industriales, especialmente en lo que se refiere a regulación energética y medioambiental.

El 22 de enero de 2014 la Comisión Europea presentó el “Marco UE para 2030 sobre Clima y Energía” que plantea objetivos para 2030 sobre emisiones, energías renovables y eficiencia energética. El desarrollo de este marco 2030 para la UE sobre cambio climático y política energética se justifica por la necesidad de  aportar seguridad y reducir el riesgo regulatorio para los inversores y para movilizar los fondos necesarios, para apoyar el avance hacia una economía competitiva y un sistema energético seguro, así como para establecer el nivel de ambición de los objetivos de la UE en 2030 de reducción de gases de efecto invernadero de cara a la negociación de un nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático prevista para 2015.

Pero estos objetivos 2030 aprobados no deben alcanzarse en detrimento de la competitividad industrial. Por ello, los Estados Miembros de la UE se esfuerzan en conseguir de la Comisión que las políticas medioambientales y energéticas que se adopten lo hagan teniendo muy presente el impacto que van a tener en la competitividad industrial. Solamente teniendo como foco esta competitividad se va a alcanzar el crecimiento sostenible, inteligente e integrador, que es el leit motiv de la Estrategia EU2020.

E.E.: España necesita una industria más fuerte para tener una economía más equilibrada. ¿Cómo afectan los altos costes energéticos y la exigente reglamentación medioambiental al atractivo de España como destino de inversiones? 

B.C.: Los elevados costes energéticos, especialmente los costes eléctricos, que han soportado las empresas industriales españolas en los últimos años, han incidido de forma negativa en su competitividad.

Ya es conocido que durante la última década, los desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema eléctrico provocaron la aparición de un déficit estructural, de tal forma que la deuda viva a principios del 2012 era superior a los 25.000 M€. En este contexto, el precio de la electricidad en España estaba muy por encima de la media europea, debido fundamentalmente al fuerte incremento de los costes regulados desde 2005.

Por ese motivo, desde el comienzo de la legislatura ha sido una prioridad del Gobierno limitar estos costes en la medida de lo posible, y por ello, en el marco de la Agenda para el Desarrollo de sector industrial en España, instrumento del Gobierno para fortalecer la competitividad de la industria, se han incluido acciones que refuerzan la reforma del marco normativo del sector eléctrico.

De esta forma, cerca de 20 leyes, además de un gran número de órdenes ministeriales, han permitido rebajar sustancialmente los costes eléctricos para las empresas industriales españolas, avanzando de esta forma el objetivo de reducción de costes, haciendo que España siga siendo un destino atractivo para los inversores internacionales.

 Entrevista publicada en Executive Excellence nº122 junio 2015.