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La empleabilidad y la educación española

(Tiempo estimado: 7 - 14 minutos)

Ministro de Educación, Cultura y Deporte desde su nombramiento por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, José Ignacio Wert es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y diplomado en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos. Entre 1974 y 1978, fue profesor de Teoría de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Información y, entre 1980 y 1983, de Sociología Política en la de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.

Con anterioridad, su actividad política se había desarrollado durante siete años en la década de los 80. Elegido por el Senado como vocal del Consejo de Administración de RTVE en noviembre de 1980, los dos siguientes años formó parte del Gabinete del Presidente del Gobierno.

En 1983 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid, cargo que desempeñó hasta junio de 1986, momento en el que concurrió a las elecciones generales y obtuvo el escaño en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de La Coruña, renunciando al mismo en septiembre de 1987.

Ha ejercido la actividad laboral en relación con su especialidad profesional desde 1974. Ingresó por oposición, con el número 1, en la plantilla de Titulados Superiores de RTVE, siendo su primer destino, inicialmente como técnico y después como director adjunto en el Gabinete de Investigación de Audiencia.

En febrero de 1978 fue nombrado jefe del Servicio de Estudios y en mayo de 1979, jefe del Gabinete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas de la Presidencia del Gobierno, con rango de subdirector general, desde donde dirigió más de un centenar de estudios de opinión.

Ha sido presidente de Demoscopia, empresa dedicada a la investigación de opinión y mercado, desde 1987 hasta 2003, y de ANEIMO, asociación patronal española de empresas de investigación de mercado, desde 1999 hasta 2003.

Desde febrero de 2003 hasta septiembre de 2005 desempeñó el cargo de director de Relaciones Corporativas en el grupo BBVA, y en el bienio 2005-2006 el de presidente del Council de Esomar, Asociación Mundial de los Profesionales de la Investigación de Mercados.

A finales del año 2005 fundó Inspire Consultores, empresa consultora en los campos de comunicación, opinión pública y responsabilidad social corporativa.

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: En una entrevista anterior para Executive Excellence, hace ya seis años, exponía su pensamiento al respecto del desajuste entre el núcleo de los contenidos de educación y los requerimientos del mercado de trabajo. Opinaba entonces que el plan Bolonia se quedaba un poco corto, “porque una de las consecuencias de la aceleración tecnológica es que hay que repensar todo el sistema educativo para convertir en realidad el learning for life”. Desde su más reciente experiencia, ¿por qué cree que es tan complejo transmitir esta necesidad de implementar soluciones que están aceptadas en los ámbitos empresariales y productivos del país?

JOSÉ IGNACIO WERT: La distancia entre el sistema educativo, en particular el de educación superior, y el mundo de la empresa es un fenómeno que se produce en distintos países, pero que en España ha sido prácticamente constante y ha tenido poca aproximación basada en la evidencia. Por el contrario, se ha abordado generalmente desde el planteamiento de prejuicios ideológicos, que incluyen cosas tales como plantearse si es necesario que los estudios universitarios respondan a esa demanda de quienes proporcionan los empleos –fundamentalmente las empresas–, si eso supone una mercantilización de la educación superior.

Las comparaciones internacionales ponen de manifiesto que España es uno de los países que, en términos de empleabilidad, proporciona un retorno menor a los egresados universitarios. Hablamos, por tanto, de un problema estructural, enquistado y de difícil solución. En todo caso, la solución requiere primero reconocer el problema.

En los últimos meses, hemos llevado a cabo un estudio sobre la empleabilidad de las distintas titulaciones, distinguiendo no solo las áreas de conocimiento, sino también las universidades. Evidentemente hay diferencias. Ciertas áreas tienen una altísima empleabilidad, particularmente las ciencias de la salud, que se acercan al 100%, pero en conjunto tenemos una empleabilidad muy baja.

Esto quiere decir que, por un lado, el tiempo que un egresado universitario tarda en encontrar un trabajo en España es sensiblemente más largo que en la media de los países europeos, y en general de los sistemas con los que podemos compararnos; y que, una vez encontrado, el nivel de ajuste entre la preparación recibida y el trabajo conseguido también es de los más bajos.

Todo ello apela a la necesidad de una conexión más estrecha entre la empresa y el sistema universitario, pero también a una mayor transparencia en la dimensión de empleabilidad de los estudios y una mayor racionalización del mapa de oferta, para aproximarlo a lo que el sistema está demandando.

F.F.S.: ¿Cuáles son los mayores obstáculos para orientar la universidad española hacia el learning for life y hacer que adopte actitudes y formas que están resultando útiles en otros países?

J.I.W.: Creo que hay que buscar soluciones que estén adaptadas al entorno; en este caso, al entorno productivo y a las especiales características del tejido empresarial español. La noción de que una formación superior –que no es solo universitaria, sino también una formación profesional de grado superior– tiene un componente de elección o una dimensión vocacional por parte del estudiante es perfectamente respetable. Ahora bien, igualmente ha de ser muy transparente desde el punto de vista de las oportunidades de empleo que proporciona. Esto es algo que no está lo suficientemente arraigado en el conjunto de la población que estudia en la Universidad, quizá sí en mayor medida en quienes cursan estudios superiores de formación profesional, e incluso hay mucha gente que lo percibe como algo indeseable, es decir, que cree que todo lo que no sea estrictamente vocacional no debe entrar en la ecuación.

Un sistema universitario tan inclinado hacia la financiación pública, como es el nuestro, reposa por tanto sobre los presupuestos de las administraciones educativas y tiene que plantearse el retorno a esa sociedad que le ha proporcionado los recursos, en muchos sentidos, pero también en el sentido de la empleabilidad. Sin embargo, esto es algo de lo que no se habla, cuando parecería razonable plantearse si unos estudios que estén aportando muy baja empleabilidad deben ser sufragados en la misma medida que los estudios con una empleabilidad más alta.

Si, como es razonable que así sea, toda la ciudadanía se preocupa por el destino de sus impuestos, la cuestión de la empleabilidad también tiene que ver con el empleo de los recursos públicos.

A pesar de que en la década de los 70 se comenzó con la dinámica de la creación de Consejos Sociales que están asentados en la gobernanza del sistema universitario, es verdad que hay muy poco contacto institucional entre el mundo de la empresa y el de la Universidad; sobre todo, si lo comparamos con sistemas en que, junto a la universidad pública, hay un tejido universitario de iniciativa social en el que la empresa tiene mucho protagonismo, como sería el caso de los Estados Unidos.

Es evidente que en España, probablemente por el tipo de crecimiento que ha tenido la Universidad en los últimos 40 años y también por el hecho de que la misma ha estado más volcada hacia la docencia que hacia la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica, el nivel de contacto entre la empresa y la Universidad es bajo. Sería muy bueno que el contacto se incrementara. Ganarían por supuesto las Universidades, pero también las empresas.

F.F.S.: Su trayectoria profesional incluye una actividad política durante siete años a partir de 1980, un desempeño laboral en el sector público y también en el privado, así como una actividad docente. Jerry Engel, director del Centro Lester de Emprendimiento de la Universidad de California, nos hablaba del valor de los practitioners en el ámbito universitario: “No se trata únicamente de las horas de enseñanza que aportan, sino de la naturaleza de dicha aportación, diferente a la de los académicos puros”, decía. El hecho de tener un perfil mixto, ¿le ha ayudado en el proceso de cambiar y mejorar la educación española?

J.I.W.: No lo sé, no solo porque uno nunca es el mejor juez de sí mismo, sino también porque creo que los resultados de las reformas educativas no se ven de inmediato. La reforma que hemos puesto en marcha es positiva, pero naturalmente dependerá de muchos factores que hoy por hoy son imponderables. 

Ahora, si la pregunta tiene que ver con el hecho de tener una “biografía política no convencional”, o con si es bueno que no siendo “político profesional” tenga una dedicación temporal a este servicio, diría, desde mi experiencia que como tal es intransferible, que no me arrepiento en absoluto y que me siento honrado de haber podido prestar esta colaboración.

En mi juventud, me dediqué pocos años a la política, profesionalmente. Después he desarrollado tanto una trayectoria profesional en el servicio público como en la empresa privada, y ahora estoy desempeñando esta responsabilidad pública de primer nivel. De todo ello he aprendido cosas, en todo ello he cometido errores y de todos ellos he intentado extraer las lecciones oportunas.

En general, hoy el político tiene muy mala prensa. Creo que hay que reivindicar lo que supone la dedicación al servicio público, que en muchos casos implica sacrificar muchas cosas, incluida la propia economía, que quizá no sea lo más importante. Lo que más sufre en este oficio es la calidad de vida: dejas de disponer de tu tiempo, pierdes toda sombra de privacidad, vives sometido a un gran estrés… Aun así, pienso que vale la pena.

Así como no comparto en absoluto la idea de que el “político profesional”, por el hecho de ser profesional como político, no sea considerado como profesional, valga el juego de palabras, creo que hay que respetar la política como profesión, aunque también defiendo que existan perfiles de dedicación política de gente que ha tenido experiencias distintas. Esto es beneficioso, primero, porque sus perspectivas normalmente son más abiertas o comprensivas, y segundo, porque conocer las realidades desde la óptica de la empresa privada y aplicar lo aprendido al servicio público, siempre y cuando se tenga una clara conciencia de la diferencia entre las dos esferas, es positivo tanto para la política como para la empresa.

F.F.S.: Bill Aulet, director del Centro de Emprendedores del MIT, nos hablaba de la necesidad de incorporar a la formación el desarrollo de cualidades soft, que son claves para la vida profesional de un emprendedor. ¿Hasta qué punto es importante que estas se incluyan en el sistema educativo?

J.I.W.: Es algo a lo que nosotros hemos dado mucha importancia, tanto en la reforma de la educación no universitaria como en varias iniciativas que hemos tomado en el mundo de la Universidad. 

La capacidad de trabajar en equipo, de desarrollar el pensamiento crítico, de desarrollar la resiliencia, que incluye la flexibilidad y la capacidad de aprender de los propios errores..., son fundamentales. Creo que siempre es mejor aprender de los aciertos, pero si no hay más remedio, también los errores pueden ser una fuente de aprendizaje. En definitiva, más allá de la transmisión de conocimientos y competencias, el proceso educativo tiene que servir para preparar a la gente en esas soft skills y también en las competencias cívicas y sociales; es decir, el estudiante tiene que aprender a ser ciudadano y a relacionarse con los demás en todos los sentidos de la palabra (ser tolerante, entender al otro, desarrollar un espíritu emprendedor, entender los valores centrales de la convivencia...).

Tenemos muchísimo que mejorar en ese sentido. Es un aspecto al que tradicionalmente en España se le ha dado poca importancia, a diferencia de otros países donde sí lo consideran, sobre todo en la educación secundaria. Por ejemplo, en el sistema inglés tienen knowledge theory, que no solo es teoría del conocimiento, sino aprender realmente a debatir, a utilizar los argumentos, a adoptar y hacer de abogado del diablo en un tema y ser capaz de sostener una idea distinta de la que uno tiene. 

Cuando se habla de que nuestro debate público tiene poca calidad o es poco argumentativo, creo que parte de esas posiciones son muy pasionales y están influidas por prejuicios ideológicos, pero también que tienen que ver con que el sistema educativo español no enseña a los jóvenes a debatir y exponer sus posiciones en público. Esta es una deficiencia que intentamos atacar en la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa). 

La autonomía de los centros es una de las dimensiones más importantes de la reforma, y puede ser un buen camino de especialización para el aprendizaje del razonamiento, del debate o la discusión, que también incluye la cuestión del espíritu emprendedor y todas esas competencias blandas tan relevantes en la vida profesional y social.

F.F.S.: “Soy un optimista irremediable, letal, autodestructivo… y en ese sentido tengo una limitada conciencia retrospectiva de los malos momentos”, declaraba en una entrevista anterior. Ese optimismo le ha permitido siempre ver la dimensión de oportunidad en cualquier cosa; pero, después de haber vivido importantes controversias como ministro, ¿cree estar consiguiendo poner en marcha esa oportunidad para la Educación del país?

J.I.W.: Me parece que sacar adelante la reforma de la educación no universitaria y una parte de la universitaria no está siendo un trabajo fácil, sino algo que ha encontrado mucha inercia negativa, poco argumento en general, y ha sido atacado desde un flanco ideológico, cuando se trata de una reforma fundamentalmente basada en la evidencia, donde lo ideológico tiene muy poca importancia.

Esa oportunidad se ha puesto en marcha en la medida en la que una ley puede cambiar un proceso social tan complejo como el educativo, pero creo que se han establecido todos los elementos para conseguir, de verdad, un cambio en la arquitectura del sistema educativo, que tiene como objetivo fundamental la reducción del abandono escolar temprano, la mejora del rendimiento, la flexibilización de los itinerarios y la autonomía de los centros educativos. Naturalmente, la ley no lo hace todo. La ley marca un cambio en las reglas del juego, y a partir de ahí son los actores del sistema educativo los que tienen que hacer que se consiga lo que pretende la reforma.

Considero que, en la medida en que se trata de una reforma basada en la evidencia, es decir, que no hace otra cosa distinta que aplicar las soluciones que han seguido los países que están alcanzando mejores resultados, creo que puede lograr los objetivos mencionados; aunque, como digo, eso trasciende a la que es la voluntad del legislador y dependerá mucho de que verdaderamente todas las partes interesadas se impliquen.

Al final, la batalla educativa es la más importante a la hora de decidir qué lugar va a ocupar una sociedad en la escalera de valores de la economía global. Por lo tanto, debemos tomarnos en serio la necesidad de mejorar un sistema que durante tanto tiempo ha excluido a casi un tercio de los jóvenes, a pesar de las pretensiones de quienes sostienen que tenemos un sistema muy equitativo. Creo que no hay mayor inequidad que haber estado dejando fuera durante muchos años a prácticamente uno de cada tres jóvenes. Necesitamos que el sistema sea inclusivo, reducir los porcentajes de abandono temprano y aproximar los aprendizajes al siglo XXI, consiguiendo que cualquier estudiante pueda llegar no al mismo sitio, sino al mejor lugar que su potencial le permita. De no hacerlo, el futuro de la sociedad estará comprometido. 

F.F.S.: Ha dicho que lo que más valora en un colaborador es que sepa llevarle la contraria. Después de todo lo que se la han llevado, ¿continúa pensando lo mismo?

J.I.W.: Lo sigo creyendo, y más en una posición como esta, donde es incluso mucho más importante que te lleven la contraria. Lo peor que puede suceder en entornos jerárquicos es el síndrome del “sí, ministro”. En puestos como este debería haber un asesor cuya única función fuera llevar siempre la contraria al ministro.


Entrevista publicada en Executive Excellence nº121 abril 2015

 


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