De la profusión de normas a la inseguridad jurídica

 Desde hace algunos años se viene dando en nuestro país una extraordinaria profusión normativa que a pocos ciudadanos beneficia y que complica extraordinariamente la vida de los profesionales que hemos de emplear la norma como instrumento de trabajo, ya sea recopilando la información para terceros, como es el caso de Lex Nova, ya sea asesorando a clientes, emitiendo dictámenes o litigando, por no mencionar la sensación de indefensión ante la Administración que esto produce en el ciudadano de a pie.

Esta profusión normativa, que tanto complica nuestro trabajo y que tan poca claridad aporta al sistema jurídico que nos rige, puede llegar en ocasiones a límites absurdos: un artículo del 26 de octubre pasado, publicado en la sección de Vida & Artes de El País, se fijaba en la prohibición que el Ayuntamiento de Pamplona había impuesto sobre determinados ruidos a la hora de la siesta, concluyendo la situación en que un cuarteto de cuerda resultó multado por interpretar a Vivaldi a las cuatro y pico de la tarde, multa que evidentemente el Ayuntamiento hubo de condonar a los pocos días.

Esto no es más de que un exponente de los límites insospechados a los que puede llegar el afán de los poderes públicos por regular la vida pública y marcar lo que está bien y lo que está mal. Son tan numerosas las normas que hemos de observar, y en muchos casos son tan prolijas, que es imposible conocer tan siquiera un pequeño porcentaje de lo que en ellas se contiene, lo que regulan o el régimen sancionador que llevan aparejadas.

Y lo más grave es que intentar tenerlo todo previsto y regulado hasta el más mínimo detalle puede producir en muchas ocasiones un efecto contrario al pretendido, pues la sensación que se instala en el ciudadano es la de que las leyes, por numerosas y confusas, son enmarañadas y en consecuencia no es posible cumplirlas todas.

Queda al albur del ciudadano, pues, decidir cuáles cumple y cuáles no. ¿No es esto, acaso, peligroso?

Estipula el Código Civil en su artículo 6º, y parece razonable, que “la ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento”. Sin embargo, hay reglas que resultan de natural conocimiento por lo que tienen de fundamentales, mientras que otras son sin lugar a dudas reiterativas o directamente innecesarias. En palabras de Luis Vives: “¿No resulta inicuo que la ignorancia de la ley a nadie excuse, por un lado, y por el otro, que las leyes sean tan largas y de tan difícil interpretación que nadie pueda ni retenerlas ni comprenderlas?”. Resulta esta afirmación de una clarividencia tal (y, sobre todo, de una claridad expositiva tan de agradecer) que resulta imposible atreverse siquiera a negarla.

Hemos de insistir en que los organismos que han de emitir normas, sean éstos de la categoría que sean, han de tratar de reducir lo copioso de nuestro ordenamiento jurídico, así como evitar preceptos innecesarios o contradictorios que tan sólo aportan inseguridad jurídica. ¿No es absurdo que un legislador cree preceptos directamente contradictorios unos con otros? Y sin embargo, ¿no sucede esto con inusitada frecuencia? ¿A quién beneficia esto?

La multitud de administraciones que existen en España ha de servir para racionalizar la gestión de nuestro territorio y de nuestra población, no para asegurar el trabajo de unos cuantos que, instalados en sus cargos, tratan de emitir norma tras norma con el oscuro afán de hacer su trabajo indispensable, complicando el de los demás.

En definitiva: la profusión de normas produce inseguridad jurídica, y no al contrario. La regulación de la vida en sociedad tendría que ser más sencilla y evidente.

Daniel Tejada, director general de Lex Nova.