La transparencia como derecho básico

En una sociedad moderna como la actual, los ciudadanos tienen derecho y exigen cada vez más estar suficientemente informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. Para conseguir este importante objetivo social se hace cada vez más necesaria la existencia de un sistema político, jurídico y económico realmente transparente, es decir, que los ciudadanos reciban, o al menos tengan acceso, a una información más rápida y detallada de todo lo que ocurre y se decide en las distintas instituciones públicas pertenecientes a los tres poderes que vertebran la sociedad: legislativo, ejecutivo y judicial, así como en las entidades privadas (empresas y entidades no lucrativas) en aquello que esté relacionado con el interés público.

La transparencia se convierte así en un pilar básico que la sociedad actual ha de desarrollar de una forma amplia y permanente como elemento fundamental para conseguir un mínimo nivel de equidad social y de eficiencia económica, y para que los ciudadanos no queden así desprotegidos y desprovistos de uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la información, y en definitiva, el derecho a saber.

La transparencia viene así a posibilitar un cierto control de los poderes públicos por parte de la sociedad civil, y por tanto, una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción, verdadera lacra social que perjudica enormemente la justicia social y el desarrollo económico e institucional en una buena parte de los países del mundo.

Dentro de este contexto, la organización Transparency International, implantada en un centenar de países, tiene como objetivo fundamental combatir la corrupción e impulsar en los distintos países un mínimo nivel de transparencia que haga que los ciudadanos puedan estar suficientemente informados y puedan así participar más en las decisiones políticas, económicas y sociales que les conciernen. Una de las actividades principales de Transparency International (TI) es la realización de diversos análisis, investigaciones e informes sobre el nivel de corrupción existente en el mundo, y ello en distintos ámbitos y niveles de apreciación, tanto en la escala de lo público como de lo privado.

Un primer índice o informe que TI presenta todos los años es el denominado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), por el se lleva a cabo un estudio que se proyecta sobre la mayor parte de los países del mundo y que mide el nivel de percepción que los ciudadanos e instituciones perciben de su propio país. El último IPC publicado, el de 2005, revela unos resultados poco alentadores, ya que más de dos tercios de los 159 países analizados, presentan una calificación de suspenso, dado que en una calificación entre 1 y 10 alcanzan una puntuación inferior a 5. Lo más grave es que hay 70 países cuya nota es muy deficiente, es decir obtienen un suspenso muy bajo, con una puntuación inferior a 3. 

Otro índice que elabora Transparency International es el Barómetro Global de la Corrupción, que hace un análisis más detallado y cualificado, por sectores, del nivel de corrupción existente en cada país. En el último Barómetro Global (2005) se lleva a cabo la evaluación de 69 países, con un total de 55.000 encuestados. Lo más significativo de este informe puede ser el hecho de que en 45 de los 69 países se consideró a los Partidos políticos como las instituciones más afectadas por la corrupción, y después de ellos resultaron como más corruptos los Parlamentos, la Policía y el Poder judicial.

Un tercer índice o informe que elabora Transparency International todos los años es el denominado Informe Global sobre la Corrupción, informe de carácter más exhaustivo sobre la situación y evolución en el último año de la corrupción en un buen número de países; este informe se lleva a cabo por expertos en temas de la corrupción seleccionados por TI en cada país. Cabe señalar que las experiencias y situaciones de mayor corrupción en la mayor parte de los países, se centran en cuanto a nivel de entidades, en las entidades públicas locales, esto es, los Ayuntamientos, y a nivel de sectores, los más afectados son: construcción, petróleo, minería y armamento. 

Recientemente se ha comenzado a elaborar por TI otro índice o informe: el denominado Índice de Fuentes de Soborno, que evalúa el nivel existente de sobornos en las empresas exportadoras de las treinta economías o países mayores exportadores del mundo. Resulta significativo que los tres últimos lugares del ranking de estos treinta países los ocupan Rusia, China e India.

Se nos pregunta en muchas ocasiones a los responsables de Transparency International en los distintos países, cuáles son las soluciones o condiciones que se han de dar para combatir y disminuir la corrupción. Aunque no hay recetas mágicas, parece claro que un objetivo fundamental a alcanzar en cada país es la existencia de un sistema jurídico avanzado, que haga posible la prevención, por una parte, la detección por otra, y la penalización de la corrupción, en todos sus niveles. Además de eso, es importante la existencia de un sistema judicial que posibilite el control y el necesario cumplimiento de las normas jurídicas. 

En todo caso, la solución fundamental y más importante a largo plazo para la lucha contra la corrupción radica en la propia educación de los ciudadanos, que exista una verdadera mentalización de la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de forma que la corrupción se vea como algo absolutamente ilegítimo, insolidario, y penalizable, y por ello los ciudadanos sientan un claro rechazo ante cualquier tipo de corrupción.

La corrupción, en definitiva, es un problema general en este mundo globalizado, y por tanto necesita de soluciones realmente globalmente globales, y que los políticos y gobernantes de cada país, y especialmente la sociedad civil, opten de forma clara, permanente y coordinada a nivel internacional, por combatir este importante problema y lastre económico y social. Es, por tanto, un desafío para todos nosotros.

Jesús Lizcano Álvarez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparency International España

Artículo de opinión publicado en Executive Excellence nº37 nov06