¿Cómo asegurar un proceso de desinflación competitiva en España?

El pasado mes de marzo, la Fundación Rafael del Pino organizó una mesa redonda con el objetivo de analizar las posibles vías para contribuir a mejorar la competitividad de la economía española, en un momento caracterizado por la aparición de tensiones inflacionistas en un contexto de debilidad del crecimiento económico. 

El debate contó con la participación de tres prestigiosos economistas, cuyas principales declaraciones e ideas clave para recuperar la competitividad perdida recogemos a continuación.

David Taguas, presidente de la Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (SEOPAN):

“La crisis financiera global, que se inició en el verano de 2007, ha tenido efectos muy negativos sobre la economía española, en particular, devastadores sobre el empleo. La tasa de desempleo ha aumentado, desde el segundo trimestre de 2007 hasta –previsiblemente- el primer trimestre de 2011, en 13 puntos porcentuales, desde el 8% antes de iniciarse la recesión global hasta el 21,2% que alcanza en este trimestre. Esto lleva una gravedad relevante, porque los economistas sabemos bien que después de la recesión de los años 90 precisamos de 14 años para reducir la tasa de desempleo en 14 puntos, considerando que el periodo que siguió fue de extraordinario dinamismo en el empleo. 

Probablemente ahora no tengamos un periodo tan dinámico como el que vivimos entonces, que incluyó la incorporación a la Unión Económica y Monetaria, los efectos de lo que llamamos a finales de siglo la nueva economía, y alguna serie de acontecimientos muy relevantes.

Las pautas de comportamiento de los agentes económicos apenas han variado tras nuestro ingreso en la UEM. Antes del ingreso, las devaluaciones competitivas fueron un factor determinante para impulsar la salida de las crisis. Sin duda, este ajuste nominal permitía recuperar la competitividad y, desde luego, impulsar la actividad a través de la demanda externa. 

Después de la crisis financiera global, ha habido -simplificando la situación- una crisis de deuda soberana, que ha puesto en entredicho la sostenibilidad de la deuda española. Esta crisis de deuda, que caracterizó los acontecimientos de la primavera pasada, exigió un cambio radical del diseño de la política fiscal de las economías europeas, y en particular de las periféricas. Sin duda, las crisis griega e irlandesa han puesto de manifiesto algunas incertidumbres sobre la sostenibilidad de la deuda total de nuestra economía.

Por ello, creo que debe actuarse de una forma doble sobre el ratio de deuda sobre PIB. En definitiva, es labor de todos cambiar las expectativas sobre el potencial de crecimiento español y eso sólo se consigue aumentando la productividad y, de forma simultánea, la demanda de empleo de la economía española. Para tratar de alcanzar este objetivo, creo que hay que llevar a cabo un plan de desinflación de la economía española que debería tener dos frente básicos.

El primero, el equilibrio presupuestario; y el segundo, el cambio radical de las pautas de comportamiento de los agentes económicos en los procesos de determinación de salarios y de precios.

La incorporación de España a la UEM supuso ceder la soberanía en la política monetaria y, con ella, la capacidad de reaccionar ante la posible existencia de shocks asimétricos en la zona monetaria europea. Al mismo tiempo, se impedía el recurso de utilizar el tipo de cambio para recuperar la competitividad perdida en procesos de expansión. Como consecuencia de estas dos cuestiones, la política fiscal adquiría un nuevo protagonismo en su dimensión de política de estabilización ante la posible presencia de estos shocks de carácter asimétrico.

Pero es imprescindible un cierto nivel de compromiso en la coordinación de la política fiscal de los países que pertenecen a la Unión Monetaria. Tras esos precedentes, me gustaría compartir algunas ideas. 

Las pautas de comportamiento de los agentes económicos apenas han variado, a pesar de que hemos entrado en un área monetaria que exige dicho cambio. Esto puede estar en parte ligado a algunas cuestiones actuales. La primera, que los principios fundamentales que rigen la negociación colectiva en España no han variado de forma sustancial durante las últimas tres décadas. De hecho, la regulación de la negociación colectiva data de la reforma de 1994, que es un lustro anterior a nuestro ingreso en la UEM. 

Evidentemente, hay problemas en el funcionamiento, y también en la regulación, del mercado de trabajo. Puede que, en algunos casos, haya excesivo poder de mercado de las empresas, y ello ha conducido a que se produzca un crecimiento de los costes laborales unitarios que origina una continuada y perversa pérdida de competitividad de la economía española. 

Considerando un gráfico que refleje el crecimiento del salario nominal y de la productividad de las principales economías europeas que constituyeron la UEM, la bisectriz es el lugar geométrico de los puntos en el que el crecimiento de la productividad y el salario nominal se iguala. A medida que uno se va alejando de esa bisectriz hacia arriba, hay un deterioro de los costes laborales unitarios que, en este caso, se refiere al promedio de la última década. 

Alemania es la economía en la que menos han aumentado los salarios nominales, es decir, en la que menos crece el coste laboral unitario. Por el contrario, los que hemos distorsionado este crecimiento de los costes laborales somos España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia, mientras que la única que está cerca de Alemania es Austria. 

¿A dónde conduce esto? Si consideramos en ordenadas ese gap de crecimiento de deterioro del coste laboral unitario, y en abscisas la inflación del deflactor del PIB; en el caso de que uno esté en la bisectriz, como le ocurre a España, significa que es el lugar geométrico de los puntos en los que la participación de las rentas salariales en el producto no ha cambiado. Es decir, en España, a lo largo de los últimos 10 años, la participación que tienen las rentas del trabajo en el producto no se ha visto modificada. Tanto en Alemania como en Austria ha caído ligeramente, pero en el conjunto de la UEM no ha cambiado y en el resto de economías ha aumentado.

La interpretación para España es negativa por dos motivos. A pesar de tener un crecimiento salarial, en términos nominales, cuatro veces el de Alemania, resulta que la participación de las rentas en el output de las rentas del trabajo no ha variado, pero es que además es la economía situada más a la derecha, es decir, registra la mayor inflación de las 12 que figuran en el gráfico.

Esto parece indicar que el proceso de determinación de precios y salarios de nuestra economía está inmerso en un círculo vicioso, se retroalimentan los crecimientos salariales y de precios, de tal manera que ese binomio se convierte en un mal endémico. El crecimiento de los salarios nominales en España es el 4% en promedio de 10 años, el de los precios –deflactor del PIB- 3,5% y, en cambio Alemania, se queda alrededor del 1% en ambas cuestiones. Esto lleva a un deterioro del coste laboral unitario y esto significa un deterioro de la competitividad acumulada en diez años, insostenible para las empresas españolas. Este binomio perverso tiene unos efectos inmediatos sobre la tasa de desempleo (…).

Es fundamental llevar a cabo reformas estructurales. En concreto, desde nuestro punto de vista, la negociación colectiva tiene dos objetivos: primero, aumentar la flexibilidad interna de las empresas, con el fin de que en vez de ajustar en empleo puedan recurrir a una reorganización más racional del trabajo, cuando sea necesario, como ocurre en otras economías más avanzadas; y segundo, la descentralización, como la posibilidad de que haya concurrencia de los convenios de empresa con los de ámbito superior a la empresa (…).

Otra cuestión es la indexación salarial. En España hay un elevado porcentaje de empresas que aplica mecanismos de indexación salarial que están ligados con la inflación. De hecho, se fija en un 55% frente a un 20,2% en el resto de la UEM, o un 8,5% en el resto de la Unión Europea (…).

España necesita un pacto de rentas que nos permita salir de la crítica situación en la que estamos, cuyo primer punto sea que los salarios crezcan lo mismo que la productividad. Esto tiene bastantes ventajas. En primer lugar, facilita la necesaria desinflación competitiva. En una economía cerrada, donde solamente haya dos factores de producción: trabajo y capital, si los salarios y también los beneficios empresariales crecen según lo hace la productividad, la tasa de inflación tiende a cero. Por lo tanto, no se pueden producir pérdidas de poder adquisitivo de los salarios. Además, a largo plazo, los salarios reales en equilibrio deben crecer lo mismo que lo haga la productividad. Si realmente este equilibrio se rompe, sólo puede llevar a dos situaciones: que suba la inflación o que aumente el desempleo, que es lo que ocurre en España; de modo que lo que algunos ganan de poder adquisitivo lo perdemos en miseria. 

Por último, cabe recordar que en una economía abierta, como la española, donde los costes laborales crecen más que la productividad se produce una continuada pérdida de competitividad que, ineludiblemente, lleva a que la actividad sea menor y el desempleo mayor (…). En esta situación de emergencia, la inflación nacional tiene que ser sustituida como referencia para la actualización de toda clase de rentas”. 

Rafael Doménech, economista jefe de España y Europa de BBVA Research:

“Otro aspecto importante dentro del proceso de desinflación que necesita la economía española es el referido a la política fiscal. Y es relevante porque una política fiscal que ha dado como consecuencia un déficit elevado, como resultado no sólo de la crisis económica sino también de una serie de decisiones de política fiscal con carácter discrecional, se traduce a largo plazo en la necesidad de un superávit primario mayor, donde los impuestos juegan un papel. Como aludía David Taguas, es importante que esos aumentos impositivos, que ya se han producido en 2010 (como el aumento del IVA), no repercutan necesariamente en el aumento de las otras rentas, sean salariales o sean los beneficios empresariales.

En el fondo, se puede pensar en la inflación como un problema de distribución de rentas. Si tenemos tres agentes económicos, esas tres rentas son: salarios, beneficios y el sector público, por lo tanto, impuestos; cualquier intento por parte de trabajadores o de empresas de recuperar la pérdida de poder adquisitivo que pueda suponer transferir renta al sector público, en base a mayores impuestos, significa entrar en una espiral de mayor inflación. Justamente lo contrario que buscamos conseguir (…).

Las primas de riesgo están muy relacionadas con el déficit público. Si lo representamos gráficamente: en el eje horizontal el déficit público, una vez que de éste extraemos la capacidad explicativa de otras variables que también son importantes, como la capacidad de reestructura de una economía o la deuda externa; y en el eje vertical, la prima de riesgo, también una vez que de ella extraemos lo que podemos explicar con la capacidad estructural de crecimiento y producción de las economías y la deuda externa, vemos que esa relación es positiva, que es una relación estadísticamente significativa y que 8 puntos de déficit explican fácilmente 200 puntos de prima del riesgo. 

Eso significa que los costes de financiación de todo el sector privado de la economía, no sólo del público, se ven influidos negativamente por esa prima de riesgo. Con lo cual, si lo que queremos es competir en las mejores condiciones frente a otros países en mercado internacionales, los costes financieros son fundamentales. 

Tratar de evitar los problemas de distribución de la renta y las primas de riesgo elevadas plantea la necesidad de una política de estabilización fiscal y de estabilidad presupuestaria (…).

Nos gustaría aspirar a una combinación de déficit público y deuda menor. Aunque es cierto que España tiene un nivel de deuda pública inferior a la media, también es cierto que en 2010 cerramos con un déficit público superior a la media. Eso nos deja en una situación, en términos de esa relación de intercambio, similar a la que siguen economías como Francia o Portugal, que es bastante mejor que la de Irlanda o Grecia; pero eso no nos debe conformar (…).

Es necesario introducir una regla fiscal de equilibrio estructural a medio plazo. Nosotros ya tenemos una Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a mantener dicho equilibrio a lo largo del ciclo económico. Pero si hacemos una media, incluso cumpliendo con ese objetivo de estabilidad presupuestario (que está fijado ahora en alcanzar el 3% de déficit en el 2013), si hacemos la media de cuál es el déficit público durante todos estos años, del 2004 al 2013, comprobaremos que la media es superior a cero, de aproximadamente un 3,3% del PIB (…).

En el año 2007, España estaba en una situación cíclica equivalente a un output gap del 5%, es decir, que nuestro PIB estaba un 5% por encima de lo que consideraríamos su tendencia de equilibrio a largo plazo (…). Si, en lugar de estar así, hubiésemos estado en una situación de neutralidad cíclica, el saldo presupuestario hubiera sido deficitario. El déficit estructural en ese año ya era de 1,5 del PIB.

En 2008 se produjo un deterioro, fundamentalmente de carácter estructural, y en el año 2009 se produjo un nuevo deterioro, cíclico y estructural. Si hubiéramos medido el saldo estructural de 2009, hubiésemos observado que era equivalente, aproximadamente, al 9% del PIB. Es decir, se produjo un deterioro de más de 7 puntos de nuestro PIB. En 2010, en una situación cíclica claramente recesiva, ya se ha producido una primera consolidación fiscal. De hecho, el saldo presupuestario estructural se ha corregido del orden de 2-3 puntos del PIB. Si seguimos con la senda proyectada actualmente, en el año 2013 llegaríamos a ese punto de déficit equivalente al 3%, con un output gap ligeramente inferior al 3%. En términos de saldo presupuestario estructural, estaríamos en una situación equivalente a la de 2007, con un saldo que seguiría siendo deficitario. Se plantea, por tanto, la necesidad de seguir con este proceso de consolidación fiscal, de manera que este saldo presupuestario sea nulo a medio y largo plazo; y alcanzar el equilibrio en el año 2016 (…).

Me gustaría que pudiésemos debatir sobre una política de ajuste fiscal más estricta que la tenemos con la presente Ley de Estabilidad Presupuestaria, para reforzar la confianza de los mercado financieros internacionales. Esto es traduciría en una reducción de los costes de la deuda pública, una reducción de las primas de riesgo y, por lo tanto, una reducción muy importante de los costes de financiación.

Además, es necesario incrementar la transparencia de las Administraciones Públicas mediante la elaboración de presupuestos plurianuales y ser más ágiles en la disponibilidad de la información (…)”.

Amadeo Petitbò, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, así como director de la Fundación Rafael del Pino:

“Tenemos una tendencia histórica a intervenir en todos los aspectos de nuestra vida (…). Es cierto que se han hecho reformas, pero no son más que una condición necesaria; se ha liberalizado, pero lo relevante no es esto, sino que haya competencia en los mercados, y me temo que todavía hay excesivos mercados protegidos (…). Además, tenemos poco I+D+i aplicado a los procesos productivos y un tamaño empresarial reducido, que no permite el aprovechamiento suficiente de las economías de escala.

En España, las empresas manifiestan unos índices de rentabilidad mucho más elevados que sus competidoras europeas. Si esto es consecuencia de la eficiencia, no tiene por qué ser malo, pero tengo la intuición de que una buena parte de ese incremento de rentabilidad –sobre todo en el sector servicios- se debe a las barreras de entrada (…). Si rastreamos un poco, descubrimos una gran cantidad de restricciones administrativas a la competencia”.

Entrevista publicada en Executive Excellence nº80 abr11