España, actor clave en la COP21
F. FERNÁNDEZ DE SANTOS: El entorno medioambiental está inmerso en una intensa actividad que culminará en la COP21 de París. ¿Cómo se valora esta Cumbre de las Naciones Unidas desde Bruselas y qué se está haciendo en pro de su éxito?
MIGUEL ARIAS CAÑETE: París no es una COP cualquiera, sino la COP del siglo XXI, la última oportunidad que vamos a tener para tomar decisiones importantes para combatir el calentamiento global. Por lo tanto, tiene que ser un éxito, es el final de un largo proceso que ha tenido algunos tropiezos –como Copenhague en su momento–, pero que desde entonces se ha ido enderezando. Con una presidencia potente como es la francesa, la COP21 es la gran ocasión para buscar el acuerdo vinculante y ambicioso que todos deseamos.
París es la COP del siglo XXI, la última oportunidad para tomar decisiones importantes para combatir el calentamiento global
Con respecto al papel de la Unión Europea, en primer lugar, ha sido el primer gran bloque económico que ha puesto en marcha su INDC (por sus siglas en inglés: Intended Nationally Determined Contribution), con un objetivo de reducción de emisiones internas de, como mínimo, el 40% para el año 2030 con respecto a 1990. Esto, sin recurrir a créditos internacionales, constituye una meta muy ambiciosa. Así, al presentar un compromiso de mitigación tan elevado la UE ha liderado la iniciativa internacional y ha puesto en marcha una ofensiva diplomática para convencer a todos los grandes países (G7 y G20) para que se comprometan y presenten sus INDC lo antes posible. Solo así se podrá estimular a los países en vías de desarrollo para que se unan igualmente en este proceso de verificación.
Por el momento son muy pocos los Estados que ya han presentado sus INDC, entre ellas Estados Unidos, México, Noruega, Suiza, Canadá, Marruecos y Gabón, uno de los países en desarrollo que lo ha abordado muy pronto (NdeR: Dato a fecha de 4 junio de 2015); pero la realidad es que el objetivo, dentro de los tres primeros meses, de que todos los grandes que estuvieran en disposición de hacerlo acudieran con sus compromisos de mitigación, hasta ahora no se ha satisfecho con un número importante.
En este momento, desde la UE estamos poniendo en marcha políticas internas que permitan cumplir nuestros objetivos. Para ello, estamos reformando nuestro mercado de carbono, vamos a iniciar unas políticas de reducción de emisiones en el sector del automóvil, estamos apostando por la eficiencia energética, seguimos avanzando en los grandes foros internacionales, etc.
Queremos que París sea un acuerdo sostenible, eficaz y equilibrado. Buscamos además un protocolo vinculante con un objetivo a medio plazo que se cifra en conseguir reducir las emisiones, al menos, un 60% en 2050 respecto de 2010, el año de referencia. También pretendemos que París sea un protocolo dinámico, en el sentido de que esté sujeto a revisiones periódicas para garantizar que los esfuerzos colectivos son suficientes para evitar el incremento de la temperatura del mundo en 2°C respecto de los datos pre-industriales. Para ello tiene que haber unas reglas de contabilidad, de transparencia, de presentación de los compromisos de mitigación, que permitan comparaciones homogéneas entre todas las partes, para ver cuál es el esfuerzo global. Una vez analizado, tendremos que determinar cuáles son los procedimientos de revisión para elevar el nivel de ambición.
Buscamos un protocolo vinculante con un objetivo a medio plazo de reducción de las emisiones, al menos, un 60% en 2050, respecto de 2010
Si bien los compromisos son lo más importante, para los países en vías de desarrollo, su preocupación máxima es la adaptación a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, su interés es que exista un paquete financiero suficiente para permitir un apoyo a los procesos de adaptación. La consecución de ese paquete y cumplir el compromiso que se hizo en Copenhague de que hubiera una movilización de recursos de 100.000 millones de dólares anuales en el horizonte 2020, así como la puesta en marcha de un paquete financiero post-2020, será uno de los retos fundamentales de la COP21. Junto a este desafío, países como India piden que exista una fuerte transferencia tecnológica, que permita el cambio hacia una economía de crecimiento verde en los países en vías de desarrollo, sin merma de su proceso de crecimiento económico.
F.F.S.: Recientemente, el diputado francés Arnaud Leroy resaltaba la importancia de España en los procesos de negociación previos a la COP21, subrayando la capacidad del equipo español para hacer avanzar los acuerdos. También el ex primer ministro Italiano, Enrico Letta, destaca en este número la importancia de la gestión negociadora española. Ese ha sido su equipo hasta hace muy poco, ¿qué puede decirnos de él y del rol de nuestro país en esta Cumbre?
M.A.C.: El equipo español es muy activo en los procesos de negociación interna y cuenta con un gran reconocimiento entre los negociadores comunitarios e internacionales. España es un país que se involucra en todos los dossieres, sean los estados insulares, los mercados de carbono, los compromisos de adaptación o financiación, pero además tiene un activo fundamental que sumar a la presidencia francesa, como es la estrecha relación de España con los países latinoamericanos, que van a ser muy determinantes en la consecución del acuerdo global.
Este hecho, teniendo en cuenta el papel que el presidente de la COP20, el ministro peruano Pulgar Vidal, está desarrollando con la presidencia francesa, son activos que vamos sumando entre todos para conseguir un resultado satisfactorio.
El sistema de Naciones Unidas es muy complejo, porque funcionamos por unanimidad, y por lo tanto hace falta mucha preparación diplomática para lograr los consensos básicos que puedan cimentar la unanimidad de un acuerdo que tenga ambición, como es el de París.
F.F.S.: Da la impresión, por la alta implicación que Francia está demostrando, que François Hollande se plantea hacer de la COP21 “the center piece of his legacy”. ¿Está de acuerdo?
M.A.C.: Creo que alcanzar este acuerdo ambicioso sería un resultado político extraordinario para Hollande, por lo tanto la Administración francesa se está volcando. Además, como él mismo suele decir: “No tenemos plan b, porque no hay planeta b; no hay más que un plan a, así que esto tiene que ser un éxito”.
Laurent Fabius, el ministro francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, es quien está dirigiendo los temas con más intensidad y tiene una presencia permanente en todo el mundo.
F.F.S.: Es evidente que la sociedad vive un cambio de mentalidad respecto de la lucha medioambiental. Las nuevas generaciones, sobre todo la llamada generación del milenio, tienen un elevado nivel de concienciación al respecto. Este planteamiento, que debería condicionar políticamente, se enfrenta a la realidad económica, y son muchos quienes hablan del peligro de la deslocalización industrial. ¿Cuál es la visión de la Unión Europea?
M.A.C.: Permítame primero un comentario acerca de la situación actual de la opinión pública en cambio climático. Creo que el dato más importante es que ya no se cuestiona la fiabilidad de los resultados de los estudios científicos, que tantas críticas han recibido en el pasado, aduciendo que se estaba exagerando, que el calentamiento global no era antropogénico y que los impactos serían menores. Ahora existe una conciencia universal de que el calentamiento global es un hecho, que sus efectos van a ser enormemente perniciosos sobre toda la humanidad y las generaciones futuras, y que hay que tomar acción urgente. Ese es el primer cambio cualitativo general.
El segundo, muy importante, es que el mundo de la empresa, el mundo de los inversores, se ha dado cuenta de que el 
crecimiento verde es una realidad y una oportunidad, y de que el futuro va por el camino de una economía baja en carbono, con mucha innovación tecnológica y muy competitiva. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad para todos los green growth groups de la Unión Europea. Ya vemos cómo se ha producido un giro de las grandes compañías multinacionales hacia inversiones dirigidas a las renovables, a la eficiencia energética y a la innovación tecnológica vinculada a la lucha contra el cambio climático.
También están los jóvenes, como menciona, pero yo detecto una preocupación en los políticos de esta generación por responder ante las generaciones futuras. Creo que la lucha contra el cambio climático es de los factores de unión global de jóvenes, mayores, científicos, políticos, empresarios… Todos tenemos una preocupación común, lo difícil es dar la respuesta.
F.F.S.: Con respecto al rol de las nuevas tecnologías en la lucha contra el cambio climático, William Aulet (MIT) aboga por una estimulación pública, pero realizada desde entornos privados, que son quienes pueden emprender una miríada de pequeñas acciones que significarían un cambio global. Por el contrario, David Roberts (Singularity University) defiende la necesidad de un liderazgo público. Él habla de cómo China está cambiando su política de implantación energética y cómo, en el primer trimestre, ha puesto en marcha 5 GW, con la intención de que, a final de este año, llegue a ser dos veces y medio la energía verde que se ha puesto en marcha en 2014 en Estados Unidos, pero esto tiene que liderarse desde el sector público. ¿Cuál es su opinión?
M.A.C.: En primer lugar, que una cosa son las economías planificadas y otra las economías de mercado. En las primeras, un giro energético es muy sencillo, es una decisión política y luego se atribuyen recursos públicos para acompañar hipotéticos desarrollos privados, que son mucho menos intensos que en otras economías.
En las economías de mercado, lo que tienen que hacer los poderes públicos es dar señales, y eso es lo que ha hecho la UE, poniendo un objetivo de reducción de emisiones del 40% e iniciando un mercado de carbono –que ha tenido sus problemas, pero cuyo funcionamiento estamos corrigiendo–, para que el precio del carbono mande señales claras a los operadores económicos de que tienen que apuntar hacia un crecimiento con más innovación, apostando por tecnologías y energías más sostenibles.
A su vez, se ha determinado un objetivo de renovables del 27% en la Unión Europea para el horizonte 2030, lo que implica un claro cambio del mix de generación eléctrica. Ese es el mínimo, porque otros países están muy por encima, con objetivos del 42% o incluso superiores. Además, está el reto de la eficiencia energética, donde pueden darse una cantidad de acciones plurales por parte de todos: municipios, ayuntamientos, comunidades de vecinos, colectividades, etc., con un enorme impacto. La eficiencia energética es, probablemente, de las políticas donde hay que hacer más innovación. Por eso, la UE va a poner en marcha instrumentos especiales de financiación, estrategias de calefacción y refrigeración, y de renovación de edificios, pues el 80% de los de la UE son ineficientes energéticamente y el 50% fueron construidos en épocas históricas, donde la preocupación por la eficiencia energética era nula.
También tenemos la generación distribuida, que cuenta con enormes posibilidades, pero que igualmente hay que integrar en las redes, aprovechando el desarrollo de smart grids en el futuro. Es decir, hay una gran cantidad de actuaciones que se pueden hacer en este campo y todas se desarrollan.
La UE tiene una estrategia clara, con un objetivo de descarbonización, de renovables, y de eficiencia energética; apoyado por un programa –Horizon 2020– de innovación en materia de lucha contra el cambio climático y de apoyo a las nuevas tecnologías que lo favorecen.
Una de esas tecnologías es el CCS: la captura, secuestro y almacenamiento de carbono. Si somos capaces de desarrollar esa tecnología de manera competitiva, puede tener un enorme impacto en el apoyo a la descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático, y en hacer compatible el uso del carbono en algunas economías que son muy dependientes, no solo en la Unión Europea –como es el caso de Polonia–, sino en otros países emergentes como India o la propia China.
Desarrollar una tecnología para la captura, secuestro y almacenamiento de carbono de manera competitiva podría tener un enorme impacto en el apoyo a la descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático
Es decir, todo está engranado y se produce simultáneamente, por eso la lucha contra el cambio climático es una política integral, que requiere aproximaciones con objetivos ambiciosos, con innovación y con la incorporación del sector privado.
En un mundo global, las empresas están concienciadas de que el cambio climático es uno de los factores de crecimiento económico y de beneficio. El giro que están dando las grandes compañías petroleras norteamericanas o el hecho de que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estén invirtiendo en renovables o en nuclear apunta en esa dirección. Estamos ante un cambio de paradigma en la energía mundial.
F.F.S.: Las empresas que son responsables medioambientalmente tienen una valoración bursátil media superior en un 18%. Compañías como Apple y Google se han impuesto objetivos de generación energética verde, con el fin de ser neutras en su impacto medioambiental. Hasta hace poco, el sector público esperaba de la implicación privada ante la lucha contra el cambio climático, mientras que el privado esperaba el liderazgo público. ¿Está rompiéndose ese círculo vicioso, de manera que las empresas tengan todas las facilidades para invertir y no pierdan competitividad?
M.A.C.: Son dos cuestiones complementarias. Por una parte, es fundamental que se creen marcos regulatorios con seguridad jurídica para favorecer el desarrollo de inversiones en cualquier sector, también en el de las energías renovables, limpias, y el crecimiento verde; pero, sobre todo, donde es más importante, curiosamente, es en los países en vías de desarrollo.
Es decir, donde actualmente hay mayor necesidad de inversión en adaptación contra el cambio climático es en los países en vías de desarrollo, allí es primordial hacer un cambio sustancial de comportamientos energéticos. Son países que tienen grandes oportunidades, pero que requieren del sector privado, y este nunca se desarrollará si no adaptan toda su legislación nacional para garantizar una seguridad jurídica para las inversiones. El sector privado acudirá siempre que el marco regulatorio y el funcionamiento de las instituciones públicas sea satisfactorio.
Por lo tanto, en la COP de París, uno de los temas en los que hay que insistir es en la creación de entornos favorables a la inversión del sector privado en tecnologías de adaptación, para posibilitar la transferencia tecnológica, tan demandada en países como India.
F.F.S.: España adolece de un modelo energético competitivo. Nuestros costes de electricidad son de los más elevados de Europa, en parte por una política energética verde mal planteada en el pasado y por arrastrar esa “hipoteca” excesivamente pesada, a la que se añaden unas duras cuotas de CO2. ¿Qué soluciones tenemos?
M.A.C.: España tiene varios problemas. En primer lugar, una fortísima dependencia de combustibles fósiles importados; y en segundo, una falta de capacidad de interconexión eléctrica y gasística muy importante.
La Comisión está apoyando las interconexiones eléctricas. En ese sentido, fue muy importante la Declaración de Madrid, firmada el pasado 4 marzo de 2015, por el presidente francés Hollande, el primer ministro portugués Passos Coelho, y el presidente Mariano Rajoy. Se ha elevado el nivel de ambición, acordando resolver la conexión energética en el sector eléctrico y en el sector del gas. Los objetivos de la unión eléctrica, en el horizonte 2020, son un compromiso de interconexión del 10%, y de un 15% en 2030. La inauguración de la última línea España-Francia el pasado 20 de febrero ha doblado la capacidad hasta alcanzar los 2.800 MW, pero aún queda por hacer.
Ahora mismo, se está trabajando en tres proyectos posibles de interconexión. Uno en el Golfo de Vizcaya, para conectarlo con Aquitania, en Francia. Es un proyecto con un coste de casi 1.900 millones de euros, que se encuentra en la fase técnica de estudios de análisis de los fondos marinos, pues se trata de un cable submarino. Los otros dos proyectos, para llevar la conexión a 8.000 MW, son igualmente costosos, entre 900 y 1.200 millones de euros. Si hiciéramos esos proyectos tendríamos, en primer lugar, un grado de interconexión próximo al 10% que permitiría unos flujos de energía renovable importantes de España a Francia, y unos flujos de nuclear en baja de Francia a España, lo cual contribuiría a abaratar.
En el gas, también tenemos una falta de interconexión elevada. Sin embargo, España tiene una posición muy relevante si la Unión Europea desarrolla una estrategia de gas natural licuado, porque en este momento nuestro país cuenta con una capacidad de importación de 92,7 bcm (66,7 de gas natural licuado, 22,2 de gaseoducto de Argelia, y algún almacenamiento).
Eso nos representa un excedente de exportación de 38 veces más al año, pero nuestra capacidad de exportación a Francia es de cinco; es decir, las posibilidades españolas de satisfacer la demanda interna y exportar gas al continente europeo son muy importantes, pero nuestra capacidad de conexión con Francia es limitada.
Por eso, la Comisión va a hacer todos los esfuerzos de diálogo con el gobierno francés y español para que el gasoducto Midcat se pueda desarrollar. El proyecto tiene un coste de entre 800 y 1.200 millones de euros, pero es primordial para conectar con la red francesa.
Si España llegará a niveles de interconexión entre el 10%-15% en electricidad, si hiciéramos el interconector con Francia, y Francia desarrollará toda su red del sur hasta Lyon y conectáramos con la red central europea, estaríamos en unas condiciones de integrar más el mercado, lo cual redundaría en un beneficio para todos. Se calcula que por cada euro/megavatio-hora que se reduce la diferencia de precio entre España y Francia en gas, el beneficio para los consumidores españoles es superior a los 330 millones de euros al año. Estamos hablando de cifras significativas. Si España lograra una capacidad de interconexión de 14 GW en 2030 con el mercado europeo, tendría también ahorros muy relevantes para el continente.
Ahora mismo, la Comisión Europea está financiando un estudio de los beneficios que supone, para España y para la UE, integrar a nuestro país en la red europea eléctrica, algo que ahorraría costes de generación variable de cerca de 469 millones de euros al año, e implicaría hacer muchas menos inversiones.
Está claro que la reducción de costes supone infraestructuras de interconexión, desarrollos de redes inteligentes comunes (smart grids) y simplificación de los sistemas de precios, tasas, impuestos, precios regulados que existen en los distintos sectores, diferentes sistemas afectados por capacidad, etc. En definitiva, hay un campo importante para la reducción de costes energéticos en la Unión Europea.
F.F.S.: Decía Honorato López Isla (ex Unión Fenosa) que el mejor ahorro energético es la energía no consumida, mientras que el PDG de Saint Gobain, Pierre-André de Chalendar, nos explicaba que si bien es muy difícil reducir el consumo energético en el transporte (que en Europa representa el 30%), ya hay políticas para hacerlo; de igual modo que es complicado reducir el consumo en la industria (que representa otro 30%), y también se hace. En cambio, el 40% del consumo energético habitacional es todavía el gran área de desarrollo para la reducción. ¿Cómo planteará la futura política la Unión Europea en este campo?
M.A.C.: La UE tiene una política muy ambiciosa al respecto. Las directivas de eco-label y eco-design regulan la eficiencia energética de los aparatos eléctricos que utilizamos en nuestro día a día, y establecen diferentes estándares de calidad para que el consumidor esté informado de cuánto consume un electrodoméstico. Muchas veces es más importante el diferencial energético que el coste de adquisición inicial.
En la Comisión hemos regulado todo tipo de electrodomésticos: aparatos que se desconectan al cabo de un tiempo de funcionamiento, máquinas de lavar eficientes, neveras que están en su punto justo de enfriamiento y aisladas para no tener pérdida, etc. Se calcula que, por hogar europeo, el ahorro que ha motivado esta directiva es de 465 euros/año por hogar. Por lo tanto, políticas que parecen sencillas, como regular las características tecnológicas de los electrodomésticos, o de las bombas utilizadas para impulsar el agua, o de los sistemas de calefacción colectivos, o de los aires acondicionados en los edificios, al final tienen un impacto espectacular.
La eficiencia energética es, probablemente, de las políticas donde hay que hacer más innovación
Nosotros seguiremos profundizando en la directiva eco-design, cambiaremos las directivas de eficiencia energéticas de los edificios, para hacerlas más ambiciosas; pondremos en marcha una estrategia de heating and cooling systems, para averiguar cómo progresar en eficiencia energética en sistemas de calentamiento y de refrigeración; y facilitaremos instrumentos financieros para favorecer las inversiones en eficiencia energética. Es muy sencillo financiar una gran infraestructura (una empresa desarrolla un gran proyecto y el Banco Europeo de Inversiones le concede un préstamo de 300 millones de euros), pero hacer que todas las comunidades de vecinos de una ciudad pongan placas solares o cambien el aislamiento en sus instalaciones a cristales con aislamiento térmico es muchísimo más difícil, y son pequeños proyectos que hay que agregar. Por eso, tenemos que desarrollar instrumentos financieros adecuados a las acciones de eficiencia energética.
Cambiar la iluminación de todos los ayuntamientos españoles de sistemas tradicionales a LED supondría unos ahorros energéticos que se pagarían solos, pero esto requiere primero un cambio de mentalidad, y luego unos instrumentos financieros adecuados que posibiliten la toma de decisiones políticas.
Por otra parte, los gobiernos, las autonomías y los ayuntamientos disponen del Plan Juncker –el EFSI o Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas–, que son 315.000 millones euros destinados, entre otras cosas, a financiar esos proyectos. Desde la Comisión trabajamos en esta área, porque queremos que el objetivo del 27%, que se hizo en el Consejo Europeo de octubre, sea más ambicioso y llegue al 30%; y además sea vinculante. Ese es el compromiso del presidente Juncker por mejorar la política energética. Los beneficios son múltiples: hay que importar menos, aumenta la seguridad energética, crece el bienestar de los ciudadanos y se incrementa la competitividad de las empresas.
Frente a Honorato López Isla, al que respeto mucho, creo que todavía hay un margen en la industria sobre eficiencia energética, y estamos trabajando para ello. En el sistema europeo de derechos de emisión, las asignaciones gratuitas se van a conceder a las empresas que sean más eficientes; mientras que aquellas que no lo sean tendrán que comprar derechos de carbono en los sistemas de subasta. Por lo tanto, eso va a ser un incentivo. Afortunadamente, la tecnología permite grandes avances en los procesos de combustión, y el progreso es enorme, no hay límite.
F.F.S.: De hecho las cifras de ahorro energético ofrecidas por IBM, como referente tecnológico mundial en las smarter cities, son realmente llamativas.
M.A.C.: Por supuesto, y está incluido en las políticas de eficiencia energética. La Comisión quiere trabajar a través del Covenant of Mayors, una iniciativa que está permitiendo desarrollos muy importantes en el ámbito de la eficiencia energética de las ciudades, y del Mayors Adapt, que también está funcionando razonablemente bien a través de las entidades locales, cuyo campo de acción para eficiencia energética es extraordinario.
Se trata de una cultura que se está implantando, pero las best practices, los mejores ejemplos, se dan por emulación. Cuando un alcalde le cuenta al alcalde del pueblo de al lado los ahorros que tiene gracias a una acción inteligente como es el cambio de sistema de iluminación, este lo acaba copiando.
Entrevista publicada en Executive Excellence nº122, junio 2015.
Fotografía: Eduardo Serrano
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