Joan Navarro: las bondades del lobby

GESTIÓN EMPRESARIAL

Desde abril de 2010, Joan Navarro es vicepresidente y director senior de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA y, desde hace apenas unas semanas, socio de la compañía.

Con anterioridad, ha sido director y portavoz de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Audiovisuales y ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública española, entre ellos, director de Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (2006-2008) y director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas (2004-2006).
En estos dos años y medio en LLORENTE & CUENCA, Navarro ha conseguido crear el principal departamento de Asuntos Públicos del mercado español, por facturación, equipo y nivel de clientes. Por esta contribución al negocio y al liderazgo de la compañía, recientemente se ha incorporado al comité de socios de la firma.
Licenciado en Sociología por la UNED y PADE por el IESE, también desarrolla su actividad docente en centros como el INAP, el Instituto Ortega y Gasset, o la Universidad Camilo José Cela.

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: Frente a la gran tradición lobista de EE.UU., ¿cuál es la situación en el caso europeo? ¿Comparativamente, qué poder e influencia tienen los lobbies en las políticas de Washington y de Bruselas, respectivamente?

JOAN NAVARRO: Existe una gran diferencia, porque los sistemas políticos son muy distintos. En Estados Unidos, los grupos de interés tienen una larga tradición, están amparados por una enmienda constitucional, cuentan con una regulación desde hace más de 100 años y están vinculados a una actividad muy específica, como es la financiación de las campañas electorales.
En el sistema europeo esto no es así. Aunque también desde hace años se hace lobby, no existe una vinculación tan estrecha con las campañas electorales –ni mucho menos con su financiación– y la regulación legal es mucho más reciente.
En Europa, la regulación procede del Tratado de Lisboa, que reconoce la necesidad de tener una buena actividad parlamentaria y legal en la Unión Europea y también en el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta todas las opiniones y puntos de vista para realizar una buena actividad. Gracias a ese reconocimiento del Tratado de Lisboa, existe un registro de lobistas, además de una normativa y un código deontológico. Lamentablemente, cada uno de los países vamos mucho más retrasados que la propia Unión Europea.

F.F.S.: En el Parlamento alemán hay 600 diputados frente a 5.000 lobistas, ¿cuál es la “fotografía” en España?

J.N.: Bien distinta, entre otras cosas porque no tenemos la figura del lobista. En Alemania, y en la Unión Europea, el lobista está registrado y tiene una acreditación; en España, no. Hay multitud de organizaciones, empresariales y sociales, que habitualmente hablan con los diputados y les transmiten sus puntos de vista, pero esto no siempre se entiende como una actividad de lobby, pues no es claro que están representando un interés particular y que lo que quieren sea influir en la posición del diputado, senador o miembro del Gobierno. Aquí no podríamos cuantificar. Por mi conocimiento personal del Parlamento, calculo que, como mucho, somos en torno a 300 o 400 las personas que de un modo habitual solemos tener presencia en el Parlamento español.

F.F.S.: Nos decía Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, que tenemos un sistema electoral de listas cerradas perverso, formado por gente que solo ha trabajado en el partido y que vive de espaldas al mercado. ¿Hasta qué punto este sistema endogámico supone una barrera para los lobbies y dificulta su labor?

J.N.: Sin lugar a dudas, desde la perspectiva del lobby, no tener un sistema proporcional como el americano es un freno. Ahora bien, deberíamos preguntarnos qué es más importante para la sociedad y si es bueno que determinados lobbies o grupos de influencia con mucho dinero tengan gran capacidad para influir. Un sistema proporcional de listas abiertas facilita la función de los lobbies, pero no siempre ayuda a que haya una representación más correcta de la sociedad. Por lo tanto, coincido con Mónica de Oriol en la necesidad de abrir el sistema electoral y hacerlo más permeable y sensible a la situación económica, pero no para que los factores económicos tengan una preponderancia todavía mayor que la que tienen.

F.F.S.: Pero si se consideran los lobbies como grupos que defienden argumentos deontológica y éticamente correctos, el trasvase de la información crecerá de una forma exponencial en un entorno abierto, y quizá así disminuya la distancia con una clase política que no parece tener el suficiente contacto con la realidad social que viven muchos sectores.

J.N.: Permítame añadir ahí un matiz. La clave está en quién ayuda en la carrera de un político: si es un partido o es un lobby. En Estados Unidos son ambos, partido y lobby; en España, es solo el partido. Esto tiene aspectos positivos y negativos, pero no hace que ese político que ha ascendido en su carrera a través del partido no sea permeable a la sociedad, sino que le vuelve más independiente, porque no depende del lobby para su actividad, y eso es bueno. 
Un diputado, independiente de la presión del grupo de interés, es positivo para la democracia. Es verdad que carece de la financiación del lobby para su campaña, pero considero que es positivo. Los diputados que son profesionales de la política, por seguir el símil de Mónica de Oriol, son receptivos a las posiciones de los partidos y de los grupos de interés en la mayoría de las ocasiones, pero no solo escuchan a un único lobby sino a varios, para después tomar su decisión con independencia. Creo que eso no hay que cambiarlo.

F.F.S.: Sin embargo, el último estudio de LLORENTE & CUENCA sobre las relaciones empresa-gobierno revela que, “para un 63% de los empresarios españoles encuestados, su influencia en el diseño de las políticas económicas del país es escasa o nula”. Parece que los empresarios no se sienten muy escuchados…

J.N.: Lo que ocurre es que ha habido un proceso de especialización en la influencia por parte de los empresarios, como es normal. Primero fue la CEOE, que agrupaba y agrupa a prácticamente la totalidad de los empresarios de este país, pero individualmente los empresarios no ejercen influencia en el Parlamento. En muchas ocasiones, la hace la Confederación o bien las organizaciones sectoriales (la patronal del gas, la eléctrica, la de las obras públicas…). Cada sector ha ido en paralelo a la CEOE creando sus propios lobbies, que representan sus intereses específicos. Por lo tanto, muchas veces el director general de una compañía no hace lobby, pero porque tiene un equipo de gente que, a través de su patronal sectorial, está representando los intereses globales.
En Estados Unidos, y también en Europa, la situación es diferente. Lo habitual es que la propia empresa represente directamente sus intereses en el Parlamento, lo cual no deja de generar fricciones con los diputados y los senadores, que demandan que se agrupen, pues no es viable atender todas las individualidades, y que cuenten aquello que es la suma de su sector, para valorar en lo que ellos puedan aportar y que contribuya al bien público. 
Ante esta situación, no es de extrañar que más del 60% de los empresarios españoles quiera influir más directamente.

F.F.S.: Teniendo en cuenta que el tejido empresarial español es mayoritariamente pyme (el 90% del empleo de nuestro país es generado por ellas), nos da la impresión de que su capacidad de influencia en la Administración Pública es muy, muy baja. ¿Cómo podría corregirse este desequilibrio?

J.N.: Hay dos vías. Por un lado, las propias pymes están cada vez más organizadas, y no siempre discrepan en sus puntos de vista con la gran empresa. Por ejemplo, para una pyme, temas como el empleo, la regulación, la agilización de los asuntos burocráticos por parte de la Administración… son temas muy importantes, pero para una gran empresa también. Las zonas de convergencia son más que las de divergencia. Aun así, las pymes se están organizando de un modo autónomo. Muchas organizaciones aúnan la fuerza de muchas pequeñas compañías que, todas juntas, negocian con la CEOE o con las grandes organizaciones de las patronales españolas. Por lo tanto, una vía muy importante es la reorganización y las alianzas.
La otra vía es la transparencia. No es malo que una gran patronal o una gran empresa influya, lo que no sería bueno es que no lo sepa nadie. De manera que, cuando una gran patronal plantea un determinado número de demandas, que pueden perjudicar a empresas pequeñas, es fundamental que estas sepan que eso se está produciendo y tengan la posibilidad de organizarse y hablar con el mismo diputado, o con el mismo alto cargo de la Administración, en igualdad de condiciones que la gran patronal. Para eso hace falta que haya luz y taquígrafos en la gestión de la influencia: que, cada vez que un diputado reciba en su despacho a una gran patronal, ese diputado tenga la obligación de hacer pública su agenda; que se especifique si la serie de recomendaciones que ese diputado está presentando a la Comisión correspondiente del Congreso, donde se está trabajando en una ley, ha sido elaborada por una gran patronal; de modo que, si una pequeña patronal se ve afectada, pueda pedir la misma reunión, presentar sus documentos y seguir si se están atendiendo, o no, sus reclamaciones.
En definitiva, hace falta un poco más de organización y bastante más transparencia.

F.F.S.: ¿Cuál era la influencia del lobby en la formulación de las políticas públicas y cómo ha influido la crisis en la relación con la Administración Pública?

J.N.: En España, los grupos de interés forman parte de la elaboración de las políticas públicas desde la transición democrática de una forma transparente. Con anterioridad a esta, se hacía de una manera menos transparente, como correspondía a un régimen político menos transparente como era el franquismo. Por lo tanto, es algo que se hace con normalidad en España desde que tenemos sistemas más o menos representativos.
Con la crisis económica, hay menos recursos y el Estado tiene más escasez no solo para la gestión de la economía sino también que para la continuidad de muchos de los compromisos que había adquirido durante las épocas pasadas. Eso genera que haya perdedores y, en consecuencia y comparativamente, posibles ganadores. 
En estos últimos años, la gestión del lobby se ha recrudecido por la rivalidad entre determinados sectores empresariales con respecto a unos recursos cada vez más escasos. Esto es muy obvio en obras públicas, por ejemplo, donde concesiones de tramos del AVE, que estaban aprobadas y asignadas a determinadas empresas, han dejado de ejecutarse. Esas empresas, que tenían hechas inversiones y habían pedido financiación para poder cumplir con los nuevos compromisos, han tenido que renegociar con la Administración condiciones de prácticamente rescate. En cambio, con otras empresas, en tramos paralelos, se han mantenido los compromisos y siguen ejecutando las obras con normalidad. Ese es el efecto de la crisis: el reparto es menor y la reducción es desigual, por decirlo de algún modo.

F.F.S.: Acabáis de celebrar el I Foro Empresarial de Gestión de la Influencia (organizado por LLORENTE & CUENCA y el IESE) y también recientemente elaborasteis el IV Estudio sobre las relaciones empresa-gobierno, en colaboración con la CEOE y la Universidad de Salamanca. Llama la atención el esfuerzo de LLORENTE & CUENCA –que sin duda es una de las firmas que más está modernizando el sentido y el concepto de lobby, bastante denostado en nuestro país– por explicar, entender y debatir sobre este tema.

J.N.: Hay que tener en cuenta que trabajamos en España y en Latinoamérica, y somos socios de dos grandes firmas internacionales de Asuntos Públicos: APCO, en Estados Unidos, y Fipra, en Bruselas. Cuando hace casi tres años, LLORENTE & CUENCA se decide a especializarse en este ámbito, tomamos el modelo europeo y americano de hacer profesionalmente servicios de consultoría de Asuntos Públicos, porque entendíamos que era el más adecuado para España. Desde entonces, estamos innovando. 
En España la competencia está muy fragmentada, se trata de pequeñas firmas, algunas con mucha calidad y muy buenas, también vinculadas a firmas americanas e inglesas. Nosotros estamos aportando la experiencia de una gran compañía, con más de 400 trabajadores en el mundo, para hacer un lobby más profesional, más de consultoría. Lo que nos gusta decir a nuestros clientes es que los diputados, los parlamentarios o los miembros del Gobierno, cuando una empresa tiene un problema, no quieren ver intermediarios, sino que sea la propia afectada la que les cuente directamente su problema. Por lo tanto, en LLORENTE & CUENCA, a diferencia de muchos miembros de nuestra competencia, no hacemos directamente representación de intereses; es decir, no representamos intereses de terceros sino que ayudamos a esas personas que tienen esos intereses a hacer su representación de la mejor manera posible. Les decimos cómo, cuándo, con quién y de qué manera es mejor contar su proyecto, les ayudamos sobre todo a tener en cuenta cuál es el interés del otro, a buscar los puntos en común –y no a buscar confrontación–, a ver aquello en lo que podemos ganar todos –que es también donde más ganará el cliente–, pero es este quien representa sus intereses ante la Administración. En España, esto no es muy habitual, sino que muchas compañías representan los intereses de sus clientes, principalmente porque estos no tienen los equipos internos adecuados. LLORENTE & CUENCA trabajamos con grandes compañías, muchas de ellas del IBEX 35, desde hace más de 15 años y la mayoría cuenta con importantes equipos de Asuntos Públicos. Nosotros les facilitamos la fuerza de la experiencia en múltiples sectores para que puedan hacer un trabajo adecuado.

F.F.S.: El mencionado Foro concluyó con un análisis de la Ley Sinde como estudio de caso por su parte. ¿Nos podría hacer una síntesis de lo más destacado?

J.N.: La Ley Sinde ha sido uno de los procesos de cambio legislativo más curiosos que hemos vivido en la pasada legislatura, y también en esta, porque al final el reglamento se aprobó con el Partido Popular. Si alguien lee los ocho artículos que están plasmados en una disposición adicional de la Ley Económica Sostenible, que se ha venido a llamar Ley Sinde, nadie entendería el revuelo que se armó en los medios de comunicación tradicionales, y sobre todo de comunicación online.
En realidad, la Ley Sinde apenas son dos pequeñas modificaciones de dos leyes que ya existían, la ley socialista de Propiedad Intelectual, que viene de los años 80, y otra ley del Partido Popular, la de la Sociedad de la Información, del año 2003. Simplemente se hacen dos pequeñas modificaciones de esas leyes para garantizar que la Ley dé respuesta al desarrollo que se había producido de las descargas ilícitas en Internet –algo que la Ley entonces no preveía, pues en aquel momento Internet no era tan importante–.
Desde el punto de vista jurídico-técnico, se trata de dos pequeñas modificaciones muy leves. Sin embargo, el contenido sustantivo de para qué eran esas leyes se planteó en términos de una campaña de gran notoriedad pública. Todo el mundo opinaba sobre la Ley Sinde, sin saber de lo que estaba hablando y, sin tener nada que ver, porque la Ley no perseguía al usuario, como todo el mundo había hecho algún tipo de descarga en su casa, no quería que a su familia o a él mismo se le incriminara como culpable. Pasamos de dos modificaciones técnicas a un enorme lío político. 
Desde la perspectiva de Asuntos Públicos, esa es la aportación extraordinaria que tiene esta Ley. No hay modificación ni enemigo pequeño, siempre hay que tener en cuenta todos los factores. En la Ley Sinde, algunos se tuvieron en cuenta, pero otros no. También es un ejemplo de persistencia por parte de la Ministra de Cultura, que podría haber abandonado en varias ocasiones y sin embargo siguió en su compromiso con los creadores durante mucho tiempo;  y un ejemplo de cómo, después de que un Gobierno saque la ley por mayoría (hubo más votos a favor de la Ley Sinde que a favor de la reforma constitucional para garantizar el límite del déficit), se paga un coste político muy importante. Finalmente, el último Consejo de Ministros del gobierno de Zapatero no aprueba el reglamento de la Ley, y no será hasta dos Consejos más tarde, y con otro partido político en el poder –que, curiosamente, se oponía a la Ley desde el primer momento– cuando se apruebe. 
Por lo tanto, la Ley Sinde está cargada de afectividad y es un buen ejemplo para aprender cómo, en un proceso legislativo, nunca puedes dar nada por sentado.

F.F.S.: Tuvimos la oportunidad de estar con Teddy Bautista y también con Alan Solomont, embajador de Estados Unidos en Madrid, y ambos tenían como punto en común su cariño por esta Ley, por lo que se refiere a la defensa de los derechos de la propiedad intelectual (algo que respetamos bastante poco en España). ¿Qué importancia tiene que los grupos de lobby defiendan aquello que es justo, y que ya se está aplicando en otros países, para lograr cambiar la percepción popular sobre un determinado tema?

J.N.: El nivel de tolerancia con respecto a la vulneración de los derechos de autor en España es bastante alto en muchos ámbitos, lo cual no habla demasiado bien de nuestro país, que es un gran generador de riqueza cultural. Es cierto que no llegamos a los niveles de tolerancia de los países latinoamericanos, donde incluso puedes entrar a una librería donde todos sus libros sean fotocopiados. Eso en España no ocurre. Con el libro hay un nivel de tolerancia mucho menor que con la música o con el cine, en parte por el impacto que ha tenido Internet, que ha hecho más fácil vulnerar sus derechos. Además, con el castellano tenemos una amplia zona de influencia, algo que es extraordinariamente importante para nuestra economía y también para nuestra percepción de país.
Creo que las entidades de gestión, que fueron las que impulsaron la Ley Sinde con ayuda de la Embajada de Estados Unidos, cuya industria era una de las más pirateadas en España, empezó teniendo un inmenso nivel de rechazo por parte de la población, entre otras cosas porque no se explicó bien. Sin embargo, se ha conseguido cambiar la percepción que hoy los ciudadanos tienen con respecto a lo ilícito o no de hacer determinadas descargas ilegales, pero no por la medida coercitiva en concreto (que, insisto no prevé perseguir a los usuarios, sino a aquellos que ponen a disposición obras sin permiso y que se lucran con ellas), sino porque después de ese debate, que quizá en términos de opinión pública hayan podido ganar algunos usuarios de Internet, todos somos más conscientes que nunca de que hacer descargas de obras sin permiso de sus autores es malo para la población, es malo para la cultura y es malo para el país. Se seguirán haciendo más o menos, pero el nivel de conciencia de que no es algo sostenible ni bueno es mucho mayor.

F.F.S.: Actualmente, en España se está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. ¿Qué solicitan las empresas que se dedican a trabajar para los lobbies?

J.N.: En España, a diferencia de la Unión Europea, no hay ningún tipo de regulación de los grupos de interés, únicamente hay un reconocimiento de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la propia Iglesia como elementos constitucionales que conforman el interés general; pero, a partir de ahí, no existe ningún tipo de reconocimiento.
Las empresas que nos dedicamos a trabajar para los lobbies, a través del Foro por la Transparencia, constituido por algunas de las principales consultorías de España, estamos pidiendo que la legislación europea –que contempla un registro y un código deontológico, una determinada manera de hacer las leyes y una determinada huella digital para que todo el mundo sepa quién ha influido en una normativa– se traslade a España. Entendemos que la Ley de Transparencia que presenta el Gobierno español es una buena oportunidad para dar un primer paso. 
Somos muchas las organizaciones que le estamos pidiendo al Gobierno y a los diputados que abran el debate e incorporen en la Ley de Transparencia un conjunto de enmiendas que empiece a preparar el camino. Y digo “empiece”, porque aquí es tanto o más importante lo que haga el Gobierno como lo que luego haga el Parlamento con respecto a sus propias normas. El Gobierno no le puede decir al Parlamento lo que tiene que hacer, por lo tanto esta Ley es una ley que se tiene que aplicar al Gobierno, al que estamos pidiendo: un registro de los grupos de interés, que para acceder al mismo sea obligatorio aceptar un código deontológico y de buenas prácticas y, si es posible, que se hagan públicas las agendas de los altos cargos para que exista transparencia con respecto a todos los demás.
También estamos solicitando al Gobierno que recomiende al Senado y al Congreso recorrer ese mismo camino, de manera que, en un corto plazo, el reglamento del Congreso de los Diputados y el Senado pueda introducir algunas modificaciones para que el mismo código y registro se aplique o sea compartido (como ya ocurre en la UE con el Parlamento y el Senado), y que todos sepamos quiénes influimos, a qué grupos representamos, cuánto dinero se gastan los grupos en esa influencia, qué nivel de efecto tiene en el proceso legislativo y que, si los documentos que acompañan a los procesos legislativos o a las enmiendas los ha incorporado alguien en la visión del diputado, sepamos quién es para conseguir una actividad más transparente. 
La ventaja de la transparencia es que, si una gran empresa puede influir y lo hace transparentemente, el grupo social que se vea afectado podrá organizarse para ejercer también su influencia. Eso proporciona al legislador una visión más rica de sus responsabilidades y proporciona a la sociedad civil en su conjunto, no solo a la económica, la posibilidad de influir mejor en los procesos legislativos, algo que es beneficioso para el conjunto de la democracia.

Entrevista publicada en Executive Excellence nº96 oct12