Una gran estrategia para España

Jesús Fernández-Villaverde ha señalado en varias ocasiones la urgencia de España de acometer diversas reformas que nos permitan mirar cara a cara y sin complejos a los países de nuestro entorno. Una urgencia que se ha hecho más patente con la crisis del COVID.

Durante la conferencia virtual que ofreció recientemente en la Fundación Rafael del Pino, el catedrático de Economía insistió en la necesidad de diseñar una estrategia nacional integrada por planes y políticas que aseguren los intereses del país en el largo plazo. Solo de esta forma, aseguró, podremos ajustar de manera racional nuestros recursos y realidades geopolíticas a nuestros objetivos nacionales.

Un patrón sistemático

En los últimos 50 años, España no se ha preparado para afrontar una nueva crisis, y cuando esta ha llegado, nos ha colocado en una situación extremadamente delicada. La pandemia nos ha pillado desprevenidos y, además, nos ha golpeado más fuerte que a otros países de nuestro entorno. En la crisis del COVID, España es el país que más PIB ha perdido y si nos fijamos en el exceso de muertes registradas sobre un año normal, el que más muertes per cápita ha registrado de toda Europa.

Si únicamente nos fijásemos en las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria, podríamos pensar que ha sido un problema de mala suerte, pero si repasamos la trayectoria de los últimos 15 años, vemos que España obtiene una y otra vez peores resultados que sus vecinos: tenemos el paro juvenil más alto de Europa, las tasas de fracaso escolar más elevadas, carecemos de universidades punteras, no invertimos lo suficiente en investigación y desarrollo... Todo esto me lleva a pensar que si la crisis hubiese sido causada por otro motivo, España también estaría atravesando una situación económica muy delicada. 

Comprobamos todos los días que tenemos un Estado que no es capaz, por ejemplo, de cumplir con un cometido básico: la recopilación de información

Las cuentas públicas ya se encontraban muy deterioradas antes de la pandemia; la productividad está estancada desde principios de los 80; el sistema financiero arrastra importantes problemas estructurales; las exportaciones están muy poco diversificadas y, en general, tienen poco valor añadido… Lo que sucede en España no es un accidente, sino la consecuencia de haber aplicado durante mucho tiempo malas políticas.

Hasta ahora, nos ha salvado la Unión Europea, y en estos momentos en los que el proyecto comunitario no goza de buena fama en España, deberíamos acordarnos de que salimos de la última crisis financiera gracias a la política del BCE y a la ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad, porque ninguno de los partidos que formaron parte del Gobierno fueron capaces de gestionar el problema. 

A día de hoy, no creo que la situación española sea desesperada, porque estamos esperando, precisamente, a que llegue el dinero procedente del Fondo de Reconstrucción Europeo. Pero el hecho de confiar en que siempre va a haber alguien que nos saque las castañas del fuego no apunta hacia un futuro sólido por dos motivos. En primer lugar, porque nadie sabe qué gobierno tendrá Alemania en el año 2030, y en segundo, porque podemos llegar a una situación en la que, después de pedir ayuda a Europa una y otra vez, nos digan “hasta aquí hemos llegado, no pueden seguir viviendo de nuestra ayuda”.

Buscando un plan de consenso 

España necesita una gran estrategia de futuro fundamentada en un gran consenso social y político. Debemos ser capaces de alcanzar un acuerdo con el 60, el 70 o 75% de la población que permita que esta estrategia tenga continuidad de futuro, porque las reformas anteriores, al no estar construidas sobre el consenso, fueron descartadas con el cambio de gobierno.

Como dice Peter Feaver, catedrático de la Universidad de Duke, una gran estrategia es “el conjunto de planes y políticas que incluye los esfuerzos deliberados para engarzar conjuntamente herramientas políticas, militares y diplomáticas para promover los intereses nacionales de un Estado. La gran estrategia es el arte de reconciliar medios y fines”.

Lo que el profesor Feaver nos recuerda es que cualquier país, para tener un futuro y un camino que recorrer hacia el bienestar de sus ciudadanos, debe contar con una estrategia. Y España, lamentablemente, lleva muchos años sin una.

Quizá nos comportamos así porque tras perder nuestro imperio europeo en el siglo XVII y las colonias americanas a principios del XIX nos encerramos en nosotros mismos, pero esta actitud nos ha costado mucho en los últimos siglos, y nos sigue costando mucho ahora.

El pensador político Edmund Burke afirmaba que “un Estado, sin los medios para algún cambio, es un Estado sin los medios para su conservación. Sin tales medios, este Estado incluso se arriesga a perder aquella parte de su Constitución que más religiosamente quiere preservar”. Si queremos mantener todo lo que hemos conseguido en los últimos 40 años, debemos darnos cuenta de que las cosas que funcionaban en los años 80 hoy no funcionan, y que puede haber instituciones que se hayan quedado atrás.

Reglas de la ley y no de los hombres 

Una gran estrategia debe constar siempre de tres componentes: fines, medios y tácticas. En definitiva: debemos dotar a España de los cambios que necesita para conservar lo que de verdad quiere.

Los fines pasarían por definir qué sociedad queremos ser en el futuro. El artículo 1.1 de la Constitución dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Lo que queremos, por tanto, es un Estado social y democrático de derecho que sea el mejor del mundo, colocar a España en lo más alto de las clasificaciones internacionales.

Ser un Estado de Derecho significa que debemos estar sometidos a las reglas de la ley y no a las reglas de los hombres en base a la garantía y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Según el ranking elaborado por el Wall Justice Institute, el país número uno en este sentido es Dinamarca, mientras que España se sitúa en el puesto 19.

Solo una economía de mercado puede generar el nivel de ingresos fiscales suficientes para mantener un generoso estado de bienestar, y al contrario

También vivimos en un Estado “social”, es decir, que suministra la prosperidad que sus ciudadanos necesitan. No tiene sentido hablar de libertad de expresión si no tenemos dinero para comprar libros o periódicos. Asimismo, necesitamos disponer de bienes básicos para el desarrollo de la dignidad humana, como sanidad o educación. No es necesario que todos estos servicios sean públicos, también puede proveerlos el sector privado, pero el Estado tiene que crear las condiciones para que el suministro de estos bienes básicos se cumpla. El Índice de Desarrollo Humano coloca a España en el puesto 25, un lugar más ventajoso de lo que debería gracias a la elevada esperanza de vida, fruto de la dieta mediterránea y del clima.

¿Como es el índice de nuestra democracia? En el ranking de The Economist Intelligent Unit, Noruega vuelve a figurar en el número 1, y España, el 16, con una democracia imperfecta y con carencias importantes, porque solo se puede hablar de Estado social y democrático de derecho si se tiene una economía de mercado.

Singapur encabeza la lista de países con mayor nivel de libertad económica, mientras España cae hasta un preocupante puesto 58, y se coloca en la posición número 30 en cuanto a la dificultad para crear empresas y fundaciones.

Con la media de rangos, el país que mejor parado sale es Nueva Zelanda, seguido de Dinamarca. Tenemos que aspirar a ser como ellos y, para conseguirlo, es necesario complementar la economía de mercado con el Estado del bienestar. Solo una economía de mercado flexible, abierta y competitiva es capaz de generar el nivel de ingresos fiscales suficientes para mantener un generoso estado de bienestar como el de Dinamarca y, al contrario, solo un estado del bienestar generoso permite generar la legitimidad suficiente para que la economía de mercado funcione y para que la gente invierta en tomar riesgos, que es lo que aporta dinamismo empresarial a una sociedad.

Como país, tenemos que mejorar en todos los índices anteriores, porque si conseguimos avanzar puestos en estos ámbitos, también gestionaremos mejor las crisis. Prueba de ello es que Nueva Zelanda ha tenido solo 25 muertos durante la pandemia.

Independencia, mérito e igualdad 

Una vez hemos pensado hacia dónde queremos ir, es necesario decidir qué medios instrumentales y sustantivos necesitamos para que esto ocurra.

Los medios instrumentales van a permitir sentar las bases de las reformas que necesitamos. A lo largo de los años, he llegado a la conclusión de que no vamos a poder avanzar hasta que no resolvamos un problema fundamental: la reforma del Estado.

Reformar no quiere decir necesariamente variar el tamaño, sino conseguir un Estado capaz de hacer cosas, y la única manera de poder gestionar un estado en el siglo XXI es a través del análisis y la gestión de los datos. Comprobamos todos los días que tenemos un Estado que no es capaz, por ejemplo, de cumplir con un cometido básico: la recopilación de información. No tenemos esa capacidad, y por eso el Estado no puede hacer las cosas que tiene que hacer.

Esta falta de capacidad está íntimamente vinculada y es producto del sistema de selección de las élites que lo gestionan, tanto desde el punto de vista político como de la función pública.

Necesitamos una Administración que se base en los principios de independencia, mérito e igualdad de oportunidades y que no esté colonizada por el poder político. Esto supone crear estructuras administrativas con una organización fija e independiente de los cambios gubernamentales. Una Administración no puede funcionar de forma eficiente si cada vez que cambia el gobierno se inicia una cascada de cesantías y ceses, porque carece de profesionalidad y continuismo.

Necesitamos, además, una Administración que genere igualdad de oportunidades en todos los aspectos. Para ello, debemos diseñar procesos de selección basados en la evidencia empírica, la transparencia y la evaluación constante. En este sentido, sugiero crear dos nuevas instituciones: una Autoridad Independiente de la Administración Pública, un organismo encargado de gestionar la oferta de plazas y los sistemas de selección, y una Agencia de la Alta Dirección Pública, encargada de evaluar las personas que van a ser nombradas en las empresas del ámbito público, para evitar que estas sean utilizadas como recompensa a las lealtades políticas. Portugal e Irlanda, dos países con una trayectoria muy similar a la española, han mejorado mucho su proceso de selección pública en los últimos 15 años y han creado instituciones similares. Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? El porcentaje de muertes en estos dos países a causa de la pandemia ha sido menor que en España, y quizá la mejora que han realizado en la gestión pública tenga mucho que ver en ello.

También necesitamos reformas en el proceso de selección de las élites políticas. Muchos investigadores han resaltado que urge cambiar la estructura y funcionamiento de los partidos políticos. Gran parte de los escándalos de corrupción y de los efectos nefastos que han tenido en la política estaban relacionados con la financiación de los partidos políticos, y algunas voces han señalado que el Tribunal de Cuentas no está cumpliendo con su labor. Debemos crear una ley de partidos más clara y organizada, donde la estructura y fiscalización de sus actividades sea mucho más detallada.

Apostar por la insaculación 

Otro punto clave pasa por cambiar el sistema electoral para permitir un mayor control de los diputados o senadores por parte de los votantes, y romper el excesivo poder de las cúpulas centrales de los partidos. Debemos reformar el Consejo General del Poder Judicial, que está controlado totalmente por el Congreso de los Diputados, tomando como modelo el sistema de elección que se lleva a cabo en países como Francia e Italia que, además, fue el esquema marcado por los padres de la Constitución en 1978, y subvertido por la ley del 85. Para ello, podemos empezar a emplear la insaculación –el uso de sorteos–, para llenar cargos y eliminar la lucha política por los mismos, como ocurre con la selección de los miembros del CGPJ.

Necesitamos una Administración que se base en los principios de independencia, mérito e igualdad de oportunidades y que no esté colonizada por el poder político

Finalmente, hay que reformar la coordinación territorial. El sistema autonómico no es demasiado claro, y esto ha hecho que algunos gobiernos no hayan sido leales a la autoridad central, o que hayan utilizado las autonomías para sus intereses territoriales. Hay que compaginar la estrategia de país y los intereses de la Administración central con los de las administraciones territoriales.

El problema que se nos plantea es: ¿cómo podemos conseguir esto? Una buena táctica podría construirse alrededor de un trío de frentes: el espacio de las ideas, la sociedad civil y la actuación política. El primer paso consiste en explicar esto una y otra vez hasta alcanzar un consenso. Esto hará que los ciudadanos se conciencien de que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa, no los políticos. Y, por último, si somos capaces de convencer a una pequeña fracción de diputados de estas reformas que necesitamos, podremos conseguir cambios. 

Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, Fellow de la Econometric Society y miembro del Nacional Bureau of Economic Research (NBER)

Texto publicado en Executive Excellence n170, octubre 2020

Fotografías: Daniel Santamaría