El impacto económico del imperfecto funcionamiento de la Justicia

En el año 2011, el coste del sistema judicial español será de unos 2.000 millones de euros, si no se tienen en cuenta determinadas partidas, como las políticas penitenciarias o los gastos de las 12 Comunidades Autónomas que tienen, a día de hoy, competencias transferidas en esta materia.

No es un ministerio, el de Justicia, que esté entre los más favorecidos en lo que a gasto se refiere –apenas algo más del 1% del gasto total- . Sin embargo, según un estudio del Consejo General de la Abogacía Española realizado en el año 2009, el 71% de los letrados españoles cree que la Justicia funciona mal; a pesar de que el gasto es similar al de países de nuestro entorno que disponen, sin embargo, de una justicia más eficiente.

Y no son los jueces los responsables de este mal funcionamiento: el mismo estudio les otorga una nota muy positiva en el desempeño de la función jurisdiccional. Parece que el culpable es, más bien, un sistema mal diseñado y anclado en el pasado, con leyes inestables y excesivos formalismos, que impide el correcto funcionamiento y aplicación de un ordenamiento jurídico demasiado intrincado.

En todo caso, el coste que pagamos por el mal funcionamiento de la justicia no es tan solo el de unos recursos –esos 2.000 millones- que podrían ser explotados de manera más eficiente con una organización diferente. Existen unos costes añadidos, si cabe más importantes que los mencionados, que hacen que este mal funcionamiento de la justicia sea un lastre que España no se puede permitir.

Estos costes derivan del incremento de la incertidumbre de las actividades económicas realizadas en España ante la perspectiva de que las “reglas del juego” o no están claras, o no son las mismas para todos. Está claro que el funcionamiento imperfecto de la justicia incide en toda actividad económica, debido a que incrementa la inseguridad jurídica –la incertidumbre- y en consecuencia incrementa los costes, y por tanto reduce la inversión potencial, constituyéndose como un factor que aumenta la prima de riesgo y repercute en los precios y en una contracción de la demanda.

Casos como la adecuada ejecución de los contratos privados, la resolución temporánea y predecible de disputas comerciales o una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, reducen los costes de la inversión y por lo tanto la fomentan. El crecimiento económico depende directamente de ello. Incluso -y esto ya es más un tema de política que judicial-, el propio tamaño del mercado y su afianzamiento es un criterio prioritario para los inversores a la hora de elegir dónde colocar su capital, según se refleja en un reciente estudio conjunto del IESE y el Ministerio de Industria, puesto que un mercado más grande reduce los costes de transacción. La unidad de España y de su mercado es un tema que excede a lo político: afecta a nuestro bolsillo. Aunque sólo sea por eso, las leyes y los jueces españoles han de proteger ese mercado.

Resulta complicado hacer una valoración, siquiera aproximada, del coste que para un Estado tiene un funcionamiento imperfecto de la justicia. Existen estudios para algunos países latinoamericanos que estipulan que la tasa de crecimiento del PIB se reduce en un 25% debido al mal funcionamiento de su sistema judicial.

En un sentido amplio, la coherencia con que las normas de un país son aplicadas, así como la previsibilidad de éstas, puede ser tan importante para atraer inversión privada como el propio contenido de esas normas.

En definitiva no se trata más que de credibilidad de los poderes públicos, y esa credibilidad fundamenta el desarrollo de los mercados: está probada la existencia de una íntima relación entre el mal funcionamiento de la Justicia y la aparición y enquistamiento de corrupción política y administrativa, con muy negativas consecuencias para la economía.

Al fin y al cabo, una justicia eficiente puede evitar la discrecionalidad de las decisiones políticas y administrativas, aportando credibilidad al sistema, que se basa -no lo olvidemos- en que todos somos iguales ante la ley.

Daniel Tejada, director general de Lex Nova.