El reto de la productividad en Europa

La economía europea está atravesando un buen momento y, aunque todavía persisten algunos problemas (como el Brexit), su intensidad se ha mitigado. Las amenazas proteccionistas de Donald Trump también se han desgastado y los riesgos de carácter político, como Corea del Norte, Venezuela o Turquía, no están provocado subidas en la prima de riesgo. Así lo aseguró Juergen B. Donges, catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia y Senior Research Fellow del Cologne Institute for Economic Policy, durante la conferencia magistral que pronunció recientemente en la Fundación Rafael del Pino. 

El profesor Donges fue vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel y presidente de la Comisión para la Desregulación de la Economía, creada por el Gobierno Federal alemán. También fue miembro de la Comisión del Gobierno Federal alemán sobre la reforma del sector público y, posteriormente, presidente del Consejo alemán de Expertos Económicos, conocido como los “Cinco Sabios”, que  asesora al gobierno federal.

Durante su intervención, Juergen B. Donges repasó los aspectos positivos de la coyuntura económica europea, como el ritmo de actividad y la inflación, y también señaló los asuntos que acechan la tranquilidad del proyecto comunitario y que están relacionados con la baja productividad de la Eurozona y con las tareas de política económica pendientes en los países que forman parte del euro. Tras la charla, compartió con Executive Excellence su particular visión sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta Europa. 

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: La Comisión Europea propuso hace algunos meses crear un Fondo Europeo de Defensa dotado de 5.500 millones al año a partir de 2021 para incentivar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y adquisición de capacidades militares entre los países de la UE. Según sus cálculos, si Europa uniese todos sus presupuestos militares obtendría una cantidad superior al combinado entre China y Rusia. ¿Cree que potenciar la cooperación en este entorno ayudaría a impulsar la unidad europea y daría fuerza al bloque en política exterior?

JUERGEN DONGES: Desde luego, sería lógico unir fuerzas y competencias porque así se reforzaría el peso de la Unión Europea a nivel global, pero la experiencia ha demostrado que esto no funciona. La idea de tener una comunidad de defensa europea está presente desde la década de los cincuenta, pero nunca ha llegado a materializarse porque existen muchos egoísmos nacionales y hay numerosas ideas contradictorias sobre cual sería la estrategia de defensa más adecuada. La descoordinación entre los diferentes estados es algo que ha quedado patente a la hora de abordar diferentes situaciones sobre terrorismo o inmigración masiva. 

La Unión Europea continúa siendo un conjunto de países que siguen sus propias normas, es complicado cerrar este tipo de acuerdos porque ningún estado quiere someterse a otro. Personalmente pienso que se trata de una forma poco lógica de funcionar, porque en ocasiones como esta debería primar la competencia, pero actualmente todavía se funciona de esta forma. 

F.F.S.: Jesús Fernández Villaverde, catedrático de Economía de la Universidad de Pennsylvania, asegura que en los últimos años se han creado numerosas clausulas que dificultan el funcionamiento del gobierno europeo, y aboga por simplificar  estructuras para agilizar procesos. ¿Considera que el actual entramado europeo es excesivamente complejo?

J.D.: Efectivamente, se trata de un entorno muy complejo que está muy burocratizado y los procesos decisorios son extremadamente complicados. Además del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, también está la Comisión Europea, que se entiende como un actor político cuando en realidad debería ser un guardián de los Tratados Europeos, y el Parlamento Europeo, cuyas competencias no están bien definidas. Todo esto crea, como dice el profesor Villaverde, una híper estructura que nos aleja cada vez más la unión política porque, además, ningún estado miembro está dispuesto a ceder soberanía. 

Únicamente en política comercial y monetaria se ha conseguido alcanzar la unificación. Sería muy interesante crear un acuerdo común en política fiscal, pero actualmente ningún parlamento quiere perder sus competencias en este ámbito. Por consiguiente, hay que exigir a los gobiernos que cumplan con  las normas sobre el rigor presupuestario tal y como establece el Pacto Fiscal Europeo firmado en 2012 por 25 estados miembros de la UE (todos menos el Reino Unido y la República  Checa).  

Gran parte de la pérdida de afecto a la Unión Europea que últimamente se ha generado en muchos círculos, así como el auge de los populismos antieuropeos que se está registrando en países como Alemania o Austria, tienen aquí su raíz. Los anti europeístas explotan el malestar y el desconcierto asegurando que Bruselas hace cosas que van en contra de los intereses individuales de los países, y eso no es bueno para el proyecto común. Se escucha hablar mucho de hacer más Europa, pero son sólo palabras que no se corresponden con los hechos. 

F.F.S.: También afirma Fernández Villaverde que el proceso de toma de decisiones, que en muchos casos exige la unanimidad de todos los estados miembros, impide avanzar más rápido...…

J.D.: Desde que se firmó el Tratado Europeo de Niza en 2001 hay muchas áreas en las que se pueden tomar decisiones por mayorías cualificadas o simples. 

Pero yo soy partidario de la unanimidad en determinados ámbitos que son especialmente sensibles. Por ejemplo, si se discuten asuntos relacionados con la política fiscal, como los sistemas tributarios, hay que tener en cuenta que los países tienen diferentes estructuras productivas y niveles de desarrollo y distintos conceptos en cuanto a la dimensión del estado de bienestar. Si se tomaran decisiones por mayoría en aspectos como IRPF, Impuesto sobre Sociedades o gasto público, sería imposible controlar que unos países no explotaran a otros. Y digo explotar en el verdadero sentido de la palabra porque, en contra de los planteamientos parlamentarios a nivel nacional, se obligaría  a los países  en minoría a subir los impuestos o el gasto público financiado con deuda, aunque esto acabe repercutiendo negativamente en el crecimiento y el empleo.  

En mi opinión, es bueno que tengamos en la UE una competencia tributaria entre  los países miembros. No me parece de recibo que se esté criticando  continuamente a Irlanda por tener un Impuesto sobre Sociedades de tan sólo un 12,5%, cuando la media europea se sitúa en el 21,5% y grandes países como Francia, Alemania y España estén muy por encima de este media. Irlanda no hace otra cosa que jugar su baza para atraer inversiones extranjeras, nadie le prohíbe a los sus socios europeos hacer lo mismo.

F.F.S.: Últimamente se está debatiendo mucho sobre la posible introducción de políticas de renta mínima en todos los países del bloque comunitario. Estas políticas tienen una parte negativa porque, en muchos casos, sus beneficiarios se acomodan ya que conscientes de que hagan lo que hagan tienen unos ingresos garantizados. ¿Qué opinión le merecen este tipo de políticas? ¿Cree que deberían aplicarse a las personas que se han visto excluidas del proceso de globalización porque han perdido su puesto de trabajo y tienen muy pocas posibilidades de reciclarse profesionalmente?

J.D.: Generalmente, los que abogan por este tipo de políticas no explican cómo financiarlas. Los estudios que se han llevado a cabo demuestran que, si la renta mínima ha de tener un nivel satisfactorio, este sistema es fiscalmente insostenible, a no ser que el Estado suba los impuestos, lo cual lastraría el potencial de crecimiento de la economía. Además, la renta mínima empujaría la estructura de los salarios hacía arriba, lo cual pondría en peligro de destrucción, por no ser rentables, a muchos puestos de trabajo simples y de poca productividad. En fin, estaríamos “comercializado con limones”, como dice un refrán alemán. 

Existen políticas sociales que se aplican para ayudar a las personas que no se benefician directamente del crecimiento económico. En Alemania, por ejemplo, hay mecanismos para asegurar una vivienda y unos ingresos mínimos a las personas que han perdido su empleo para que puedan tener una vida aceptable y digna. Pero creo que esto es algo que no se puede regular a nivel europeo, sino que debe decidir cada país. Cada sociedad tiene que acordar los recursos que quiere destinar a estos colectivos, justificar las cantidades en los presupuestos anuales, y ser consciente de que cuanto más destine a este ámbito, menos recursos tendrá para hacer otras cosas. Los economistas hablamos de la “restricción presupuestaria” que en una economía de mercado no se puede anular por mucho que  se  empeñen los políticos. 

El principal problema del estado de bienestar que existe en países como Holanda o Alemania es que está sobredimensionado: se da dinero a colectivos que realmente no lo necesitan. Históricamente este sistema ha evolucionado así, pero podría ser mucho más eficaz si se concentrara únicamente en los colectivos más afectados. 

F.F.S.: Da la impresión de que esto cada vez va a ser más difícil porque todas las poblaciones, excepto la africana, están envejeciendo a más velocidad de lo que se prolongan las carreras profesionales. Esto tendrá un importante coste para la población activa y hará que la inversión en educación se vaya reduciendo progresivamente, ya que gran parte de los presupuestos van a estar destinados al mantenimiento de los jubilados.

J.D.: Es cierto que una parte importante de la población tiene problemas, pero tomando las medidas adecuadas se puede evitar que esta situación continúe y se engrandezca. El primer paso sería invertir en políticas educativas. Las escuelas, los centros de formación profesional y dual, o las universidades deben adaptar su formación a la nueva economía para que las personas adquieran las capacidades necesarias que les permitan participar de forma beneficiosa en la digitalización. No existe ninguna ley que diga que la población cada vez va a ser más pobre. Si se hacen las cosas bien, todos podemos beneficiarnos de este nuevo escenario que es completamente distinto al de la Revolución Industrial, ya que ahora prima el cerebro y no la fuerza física. 

El verdadero problema es que en la mayoría de los países la educación se ha tratado como una materia blanda, y los partidos políticos han utilizado este campo para librar ahí sus batallas ideológicas. Esto es un gran error, porque el colegio es la base sobre la que se asientan las capacidades profesionales de una persona. 

Los análisis Pisa, que han comenzado a realizarse hace algunos años, están teniendo un impacto muy positivo, porque alertan sobre los problemas que pueden surgir y ayudan a generar debate público. Es esencial dar prioridad a la política educativa independientemente del color del partido que gobierne para mejorar la empleabilidad e incentivar el espíritu emprendedor. 

El partido liberal alemán ha sido consciente de este problema y en las últimas elecciones ha basado su campaña en la importancia de la una excelente educación escolar y la digitalización. Esto les ha permitido volver a ingresar en el Parlamento, con un 10,7% de los votos. 

En Cataluña, sin embargo, está pasando todo lo contrario. Las escuelas adoctrinan a los niños y discriminan el castellano. Esto es una irresponsabilidad tremenda, porque cuando lleguen a la vida profesional, estas personas van a estar fuera de órbita. 

F.F.S.: En el anterior número de Executive Excellence, Peter Lindert, catedrático de Economía de la Universidad de California, señalaba los beneficios del sistema educativo alemán, que forma a los niños y jóvenes en función de las necesidades que va a tener el país a medio y largo plazo para garantizar así su salida profesional. En España la Formación Profesional está muy desprestigiada y la universidad no está adaptada a las necesidades reales de la economía. ¿Cree que es responsabilidad del Estado plantear un sistema educativo meritocrático que limite la vocación profesional para evitar formar a profesionales que terminarán siendo una carga para el Estado?

J.D.: En este punto nos topamos con el derecho que tiene cada persona a elegir sus estudios. Por eso, yo soy más partidario de explicar a la población que no es necesario aspirar a una carrera superior, sino que hay otras formas de crear una buena base de futuro profesional como, por ejemplo, la formación profesional dual que es de donde viene gran parte de la mano de obra cualificada. En Alemania o Suiza este sistema funciona muy bien y, por eso, el paro juvenil es tan bajo. 

Si una persona decide formarse en algún campo con pocas salidas profesionales, debe asumir su responsabilidad. Los estudiantes de Filosofía alemanes, por ejemplo, saben que probablemente tengan que dedicarse a algo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado.

Es difícil regular la cantidad de plazas que ofertan las universidades, especialmente si son centros privados. Por eso, creo que una solución sería crear desincentivos para evitar que todo el mundo estudie lo que quiera sin pensar si en las salidas profesionales que tendrá esa formación. Otra forma de evitar la masificación de las universidades y redirigir la carrera profesional de la población sería subir las matrículas universitarias. 

Se trata de una forma diferente de pensar y, para cambiarla, es necesario hacer mucha pedagogía por parte de los gobiernos y, también, del entorno empresarial. Explicar que estudiar una carrera universitaria supone una importante inversión y que, por el contrario, durante la formación dual se percibe un sueldo. Los jóvenes deben saber que se puede ser muy feliz con una formación que no sea universitaria. 

Muchas veces las empresas también son reacias a implantar sistemas duales porque para ello necesitan invertir en la formación de sus profesionales, pero con el tiempo tendrá un importante retorno. Estos sistemas están conectados con el sector profesional y el 90% de los profesionales se forman están vinculados a las necesidades de la economía. En cambio, en las universidades no hay ninguna conexión con las demandas de la economía real. Además, los universitarios que no encuentran trabajo en su campo buscan empleo en otros sectores y terminan creando problemas en ámbitos donde antes no los había. 

F.F.S.: Estados Unidos está cambiando su centro económico del Atlántico a la Costa Pacífica. El crecimiento allí es superior y los acuerdos que se están llevando a cabo en la zona están haciendo que Europa pierda protagonismo. ¿Qué puede representar para la Unión Europea esa pérdida de valor internacional en un entorno que está envejeciendo más que otras zonas?

J.D.: Lo cierto es que nos hemos ganado a pulso, valga la ironía, que Estados Unidos nos esté dejando de lado. Es lógico que prefiera mirar hacia el Pacífico, porque en esa zona hay mucho más dinamismo económico y menos luchas ideológicas. 

Durante los años de crisis, en la Unión Europea ha habido conflictos políticos serios, y esto tiene sus consecuencias. Si Europa quiere tener un papel importante en la economía mundial, y también a nivel institucional, debe mejorar mucho su comportamiento interno. 

Los estados miembros siguen poniendo por delante sus propios intereses. Existe mucha más sintonía entre los diputados españoles del Partido Popular y el Partido Socialista, solamente por ser españoles, que entre los diputados españoles del Partido Popular y los alemanes del CDU. 

Todos los estados quieren tener a su representante en las principales instituciones europeas porque creen que esto beneficiará los intereses nacionales. Pero para hacer una política europea común hay que dejar de lado el pasaporte nacional, y pensar con criterios supranacionales. 

En otras partes del mundo tampoco se nos percibe como un bloque. En Estados Unidos, por ejemplo, rara vez me preguntan sobre la Unión Europea, siempre se interesan por las previsiones económicas de países concretos como Alemania o Francia. Lo que mis interlocutores perciben con asombro es una UE en la que nos perdemos en debates estériles sobre cómo afrontar con eficacia temas de gran calado como la inmigración, el cambio climático y la disciplina presupuestaria en la unión monetaria.     

F.F.S.: Algunos expertos han alertado de que Europa corre el riesgo de convertirse en un “rezagado digital” a nivel global. ¿Cómo puede influir este hecho en el nivel de productividad? 

J.D.: Un asunto que me preocupa especialmente es la pérdida de  productividad que está registrando Europa en comparación con los países asiáticos. Si la productividad continúa descendiendo, empezarán a escasear seriamente los recursos necesarios para  mantener los salarios en los niveles a que estamos acostumbrados, será difícil asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de la sanidad pública, y también se debilitarán las políticas de cuidado del medio ambiente. Los líderes políticos europeos han tomado cartas en el asunto: el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno ha recomendado que los países miembros de la UE establezcan los llamados National Productivity Boards para el seguimiento de la evolución de la productividad en el país, la identificación de las circunstancias nocivas y el diseño de medidas correctoras, así como para intercambiar resultados y compartir las mejores prácticas. 

Mantener la productividad es esencial porque sin ella desaparecerá el estado de bienestar. En países como China tienen muy claro que, aunque su sistema político es comunista, su economía se basa en el capitalismo. En los últimos años han conseguido aumentar muchísimo la productividad y también están poniendo mucho énfasis en la educación de calidad. 

En Europa, sin embargo, se ha perdido productividad por el fallo que han experimentado los mecanismos de Formación Profesional en muchos países. Y si no se pone remedio, nos vamos a quedar en el furgón de cola de la digitalización. 

La digitalización está afectando a las economías de una forma muy dispar, tanto a nivel sectorial como regional. Según un análisis reciente del BCE, existe una brecha notable entre un pequeño sector elitista dotado de grandes recursos con empresas punteras en innovación y volcadas en la transformación digital de sus respectivos modelos de negocio -plataformas digitales incluidas-, y por otro lado, un amplio sector rezagado en materia de digitalización, tanto en la industria como en los servicios. En el sector de vanguardia, el crecimiento de la productividad es espectacular y va unido a la significativa creación de empleos bien retribuidos. Todo lo contrario se observa en el resto de la economía, donde numerosas empresas siguen operando con modelos un tanto tradicionales y a los trabajadores el nuevo entorno tecnológico les causa miedo por el riesgo de paro o ajustes salariales a la baja que pudiera crear. 

En el contexto regional se ha abierto una brecha entre las zonas urbanas y las rurales. En las regiones urbanas, donde suelen ubicarse las empresas punteras, la productividad avanza con mayor fuerza que en las rurales, en las que el entorno tecnológico es más bien sencillo. La consecuencia es una creciente disparidad interregional con respecto a niveles y perspectivas de empleo y de salarios. Muchos ciudadanos en las regiones rurales se sienten como excluidos del progreso que promete la tecnología digital y manifiestan su enfado en las urnas votando -si pueden- opciones populistas como ocurrió recientemente  en el Reino  Unido con el Brexit y en Estados Unidos con Donald Trump. 

Entre los factores que están contribuyendo a esta diversidad en la difusión de las tecnologías digitales destacan las regulaciones desmesuradas de determinados mercados, la burocratización excesiva de la economía y la provisión  insuficiente de nuevos emprendedores con capital riesgo. La entrada en el mercado de nuevas empresas innovadoras, que sería la correa de transmisión de las nuevas tecnologías hacia actividades que van a la zaga de la digitalización, es complicada y costosa. Según revela el Informe ‘Doing Business 2017’ del Banco Mundial, que analiza anualmente el entorno institucional y económico para los emprendedores, ningún país del euro se encuentra entre los diez primeros del ranquin mundial (de 190 países). El país de la Eurozona mejor evaluado es Estonia (duodécimo), Alemania ocupa el puesto 17, España, el 32. Esto es un motivo más para seguir adelante, apoyándonos en las reformas estructurales aún pendientes que flexibilicen los mercados y fomenten la educación escolar y la cualificación profesional de la población. Es una conditio sine qua non para dinamizar inversiones en I+D+i y, con ello, acelerar el futuro avance de la productividad laboral.   

F.F.S.: Entonces, ¿es optimista en cuanto a las previsiones económicas la Unión Europea?

J.D.: Si todos hacemos bien nuestros deberes, las perspectivas económicas para la Eurozona (y la UE-27 en su conjunto), son halagüeñas. Hacer bien las cosas significa, por un lado, que los Gobiernos apliquen políticas pro-mercado en vez de intervencionistas, de libre comercio en vez de proteccionistas y de largo plazo con coherencia en vez de cortoplacistas y puntuales; por otro lado, significa que el BCE normalice su política monetaria y haga valer su independencia frente a los poderes políticos; y significa finalmente que la Comisión Europea sea una verdadera guardiana de los Tratados Europeos y no se extralimite en sus competencias sino respete el principio de la subsidiaridad. Hacer las cosas bien es la única forma para que todos los ciudadanos podamos sentirnos partícipes y beneficiarios del crecimiento económico, para que nadie quede descolgado y tenga que tenerle miedo ni a la globalización económica ni a la digitalización y para que se pueda frenar con efectividad el auge de los populismos. Buenas políticas públicas en una sociedad abierta crean escenarios win-win y son, por consiguiente, altamente recomendables. 

Juergen B. Donges, catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia y Senior Research Felow del Cologne Institute for Economic Policy.

Texto publicado en Executive Excellence nº143 dic. 2017.