La transición energética, un cambio de modelo económico y social

Son lo suficientemente ambiciosos los objetivos para 2030 y 2050 acordados en la COP21? Esta fue una de las cuestiones debatidas en la mesa “Cambio Climático” del 15º Encuentro del Sector Energético organizado por Deloitte e IESE Business School.

Para Alberto Amores –socio responsable de Estrategia Corporativa, Energía y Recursos de Monitor Deloitte, y moderador de la mesa–, “entramos en un segundo ciclo de reflexión acerca de estos objetivos. Lo que parece claro tras estos años es que los compromisos planteados por los distintos países difícilmente van a permitir el cumplimiento de no incrementar la temperatura global del planeta por encima de los dos grados en el año 2050 y lograr la neutralidad de emisiones en la segunda parte de la centuria”. Amores estuvo acompañado de personalidades del mundo empresarial y académico, que analizaron la transición energética mundial, así como el desarrollo y las implicaciones concretas en el caso de la UE, y de España.

En palabras del directivo de Deloitte, “muchos valorarán de forma distinta cómo nuestro Gobierno está acometiendo las distintas iniciativas para la descarbonización. Según diversos estudios y algunos papers que hemos desarrollado con IESE, convergemos en que el cumplimiento de objetivos a 2050 solo se puede conseguir con un cambio de vectores energéticos (desplazando al petróleo y al carbón por renovables); un esfuerzo enorme de eficiencia energética, para que las inversiones que haya que realizar en este proceso de descarbonización y electrificación sean asumibles por el país, y que nuestra demanda final de energía disminuya o al menos desacoplemos el consumo de energía del crecimiento del PIB. En este sentido, vectores como el gas natural tendrán mucho que decir para contribuir a ese proceso, especialmente donde la electricidad no tenga un desarrollo tecnológico apropiado para cubrir las necesidades energéticas de los consumidores”. Antes de dar paso a los ponentes –cuyas palabras sintetizamos a continuación–, Amores quiso destacar que “si lo hacemos de forma inteligente”, la transición hacia una sociedad baja en carbono “puede ser incluso más barata que un escenario continuista”.

Pedro Linares (Universidad Pontificia de Comillas): “Necesitamos comprender cómo activar la demanda”

Pedro Linares es vicerrector de Investigación e Internacionalización en la Universidad Pontificia Comillas. Es también catedrático de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, cofundador y director de Economics for Energy, además de investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, e investigador asociado en MIT CEEPR. 

“Me gustaría reflexionar sobre la magnitud del reto que tenemos y cuáles son los escenarios de calentamiento global a los que nos llevan las tendencias actuales de evolución del sector; porque ni siquiera poniéndonos optimistas, y suponiendo que se cumpliesen todas las promesas de los distintos países del Acuerdo de París, ninguno de ellos nos lleva a un escenario de dos grados, y mucho menos a uno de grado y medio.

Utilizando como guía el último “World Energy Outlook” de la Agencia Internacional de Energía (IEA), lo interesante es comparar el escenario convencional (lo que se puede considerar como un business as usual), con el sustainable development scenario. Podemos ver cómo hay determinados aspectos que necesitan un cambio tendencial, que pasa por romper la senda que estamos usando para el desarrollo de combustibles fósiles y cambiarla por una mayor penetración de renovables. El supuesto de máxima sostenibilidad ambiental implica dos claves fundamentales: mucho más ahorro y eficiencia.

El tercer elemento, según la Agencia, se refiere al cambio en las inversiones. Por un lado, el sector eléctrico ha de ser uno de los vectores fundamentales, porque tiene que soportar una mayor cuota de energía final y es esencial para la descarbonización; por otro lado, tiene que cambiar radicalmente su estructura. La electrificación no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la descarbonización. La IEA dice que tenemos que evolucionar en 2040 hacia un escenario fundamentalmente renovable, pero mantiene una participación de los fósiles en el sector eléctrico, fundamentalmente asociada a la captura y secuestro de carbono. Para algunos, esta es la única oportunidad.

La transición a un desarrollo sostenible implica actuar sobre los usos finales, estando el reto en la demanda, no en la oferta. Debemos cambiar las tecnologías de usos finales si de verdad queremos facilitar la electrificación y la descarbonización. Existen un par de tecnologías centrales: el vehículo eléctrico y el desarrollo de la solar fotovoltaica. La duda es cuál debe ser la velocidad de despliegue de estas soluciones. La Agencia apoya el objetivo de reducción de emisiones y de dos grados, y plantea una serie de fases de transición. Cuanto más rápido lo queramos hacer, más inversión evidentemente y más actuación sobre las tecnologías finales que permitirán desarrollar el resto de la transición. Por lo tanto, el debate está en la velocidad que estamos dispuestos a asumir, y en minimizar los errores. 

Si atendemos a un escenario menos convencional, como el de Bloomberg, que se centra solo en el eléctrico, vemos que la potencia instalada en el sector eléctrico en 2040 no es demasiado distinta de la de la Agencia. La única diferencia es la confianza en la captura y almacenamiento de carbono. Bloomberg no considera que vaya a ser una opción, y por lo tanto las renovables tienen mucho más recorrido. 

Los más convencionales y los más innovadores coincidimos en la transformación radical de nuestro sector energético si queremos llegar a esos objetivos. Unos países tendrán que evolucionar primero, y podrán colocarse en una situación preferente para comercializar las tecnologías que hayan desarrollado.

En Europa parece que tenemos claro dónde hay que ir: entre un 80% y un 95% de reducción de emisiones para 2050. La cuestión es cómo. La Comisión plantea una evolución más o menos lineal de esa transformación; de nuevo, la duda está en la velocidad. Sabemos que para 2050 debemos emitir por debajo de los 88 millones de toneladas; esto nos debe dirigir y 2030 ser un paso intermedio. No es lo mismo ir a un escenario con 88 millones de toneladas que ir a uno como el que hemos propuesto nosotros (desde la universidad), donde si queremos reducir un 95% nuestras emisiones, o incluso un 80% –siendo un poco más relajado–, y contamos con que el sector energético es solo uno de los que emite –pero quizás el que lo tenga algo más fácil que otros, como la agricultura o la industria–, a lo mejor el energético no puede emitir y tiene que ir a cero, lo cual implica un nivel de esfuerzo mayor. Debemos considerar si estamos dispuestos a hacerlo o no, y qué consecuencias tiene.

El segundo aspecto son los escenarios a 2030. España tiene asignado para entonces un objetivo de reducción del 26% de emisiones en los sectores difusos, en relación con los niveles de 2005; lo cual en un supuesto de desarrollo tecnológico puede ser demasiado fácil. En muchos escenarios, llegar a esa reducción del 26% de difusos para 2030 y del 43% a nivel de ETS, beneficia a España, pues en nuestro país estamos midiendo sobre 2005 –que fue nuestro máximo de emisiones– y no sobre 1990 –como hace la Comisión–. La cuestión es si debemos apurar al máximo este escenario, teniendo en cuenta dónde tenemos que llegar en 2050, para no tener problemas. 

El mensaje del ahorro y la eficiencia es fundamental. Cuando planteamos 2030 y 2050, lo que hace el sistema es introducir medidas de eficiencia que son rentables económicamente, y nos permiten desacoplar el crecimiento económico de la demanda de energía. En términos de mix, si consideramos un escenario ambicioso de reducción de emisiones, estimando un 40% de reducción global sobre 1990 (para ser coherentes con la Comisión), encontramos una reducción grande de la demanda de petróleo, un aumento del papel del gas, y por supuesto una penetración de las renovables. En 2050, el escenario cambiará, yendo a uno absolutamente descarbonizado en el sector eléctrico, lo cual implica el 100% de renovables. La duda es qué hacemos con el transporte y la industria. Necesitamos algo que nos permita la descarbonización (algo que ahora estamos llamando biomasa, pero que es una incógnita). Cuando planteamos un escenario más relajado, lo único que sucede es que permitimos al transporte pesado seguir utilizando combustibles fósiles, pero debemos cambiar todo lo demás.

¿Cuáles son los grandes desafíos? Primero el ahorro y la eficiencia. La electrificación nos puede ayudar para la eficiencia, pero esta es un medio, no un objetivo en sí mismo. La activación de la demanda es absolutamente fundamental. Por otro lado, la electrificación del transporte ligero aún plantea muchas incógnitas (el despliegue de la infraestructura de recarga, la rapidez y la coherencia temporal, el papel de la retirada de vehículos antiguos contaminantes…). Estos dos primeros desafíos son factibles y la tecnología nos va a ayudar a lograr un sistema energético asequible, si hacemos las cosas bien.

Hay otros retos más complicados, como la descarbonización del transporte pesado. Casi todos tenemos claro que en 2050 el sector eléctrico debe estar totalmente descarbonizado, pero cómo se gestiona ese sistema, de dónde sacamos la inercia en un escenario 100% renovables. La demanda debe ayudar a gestionar un sistema eléctrico más flexible, y a responder en el sector transporte y residencial. De todo, lo que más me preocupa es la industria, porque alguna se puede electrificar, como la siderurgia, pero ¿cómo electrificamos otra componente industrial que requiere de energía térmica de media y alta temperatura que no se puede conseguir ahora mismo con la electricidad?

Hay un último desafío, transversal, que tiene que ver con una adecuada gestión de los tiempos, las inversiones y la transición para cumplir en 2030, y también en 2050.

Como académicos, nuestro papel es poner los números encima de la mesa. Son los políticos quienes han de hacer las propuestas, pero me gustaría compartir algunos mensajes que afectan a todos los escenarios:

- Necesitamos una señal del precio de CO2, pero también para otros contaminantes, o las inversiones no van a ocurrir. 

- El consumidor no siempre responde al precio, y quizá en determinados momentos haga falta una regulación más dura.

- Debemos plantear un diseño institucional de tarifas estable, predecible y robusto.

- Precisamos canalizar la financiación que va a hacer falta para todas las inversiones. En este sentido, el tema de la financiación climática quizá ayude.

- Hay que empezar a tomar decisiones. Ahora mismo hay una cierta sobrecapacidad en el sector eléctrico y en el industrial, pero en un par de años tendremos que renovar equipos, y debemos discutir los números cuanto antes. 

- Urge un esfuerzo de educación, de cambio de modelos culturales, de patrones económicos en el fondo. La tecnología solo nos va a llevar hasta determinado punto, pero necesitamos comprender cómo activar la demanda”.

Carlos Sallé (Iberdrola): “La tecnología disponible ha roto paradigmas de costes con respecto a la tradicional”

Sallé es director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola. Ingeniero industrial eléctrico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es cofundador de la ONG Energías Sin Fronteras y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España.

“Estamos ante una realidad que casi nadie pone en duda, y que es urgente. 17 de los 18 últimos años han sido los más calientes desde la época preindustrial. Algunos estudios, en el escenario de IPCC –Intergovernmental Panel on Climate Change o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático–, plantean que solo quedan cinco años para alcanzar el supuesto de 1,5 grados, y siendo España uno de los países más afectados, debería ir por delante en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización.

Quisiera profundizar en la idea de cambio de paradigmas en dos variantes. Primero, en lo relativo a la disrupción en la tecnología, porque algunos siguen pensando que las renovables cuestan lo mismo que hace un lustro, cuando no es así. Esto ralentiza la toma de decisiones acerca de los procesos de descarbonización. En los últimos meses en las subastas internacionales de renovables, los costes están por debajo de los 20 euros/megavatio/hora. Es una disrupción impresionante de una tecnología que es clave.

Segundo, hay que tener luces largas sobre el tema de los costes futuros que para España tiene la no descarbonización. Un interesante estudio del Banco Mundial explica que muchas de las tecnologías bajas en carbono ya son competitivas con respecto a las tradicionales, pero otras no; ahora bien, ¿qué pasaría si consideramos la pérdida de PIB que se produce en las economías globales –en España sería mayor por ser el país más afectado por el cambio climático–, si traemos el valor actual neto de esos sobrecostes que se generan en un país en el que por ejemplo su tejido productivo –el turismo, las costas, etc.– va a ser mermado si no atendemos los problemas del cambio climático? Pues resulta que esas tecnologías bajas en carbono aumentan muchísimo su competitividad respecto a las otras. Por lo tanto, no estar incluyendo esto en la ecuación de análisis, y usar permanentemente el coste rabioso actual, hace que la trayectoria para la descarbonización no sea la adecuada en un país o en una empresa.

Los elementos con los que cuenta Iberdrola, como compañía global e inversora en distintos mercados, en relación al cambio climático sirven casi exactamente para un país. Por una parte, los firmantes del Acuerdo de París van a estar adaptando nuevas leyes de descarbonización, y por tanto penalizando aquellas estrategias no descarbonizantes. Por otra, está la propia realidad. El IPCC sigue diciendo –y los fenómenos adversos así lo constatan– que hay que empezar a proteger las instalaciones y adoptar medidas contra el cambio climático. 

La gran noticia es que ya existe una tecnología disponible que ha roto paradigmas de costes con respecto a las tecnologías tradicionales, y esto debería estar siendo analizado por inversores a largo plazo. Sería necio para una empresa, pero también para un país, desconocer esta realidad.

Cada vez hay más señales de CO2 en diferentes países. En Reino Unido ha caído la tasa, lo que ha generado reacciones de los agentes y decisiones de cierre de centrales. Además, la calidad del aire está entrando como driver adicional de descarbonización, estando las ciudades más involucradas y siendo más ágiles que los gobiernos en su toma de decisiones para atender el problema de la descontaminación local.

El último elemento es el sector financiero. El cambio climático está siendo considerado por mercados de capitales y haciendo que sea un factor importante en la decisión de las empresas, pero también debería serlo en las estrategias de los países. Aparecen nuevos elementos que hacen valorar el problema de invertir, o no desinvertir, en tecnologías de fuerte carbonización. La gestora de fondos BlackRock demanda acciones para que las empresas le presenten sus planes de descarbonización. Por no mencionar al financial disclosure, que cada vez presionará más en ese sentido. 

En España necesitamos cambiar y aunar voluntades. En Iberdrola hemos elaborado nuestros propios escenarios con base a 2050, y si el país y las Administraciones se focalizan en que las tecnologías renovables, las bombas de calor, las baterías, el vehículo eléctrico… se desarrollen aquí y no tengamos que importar, se generaría un crecimiento de PIB muy relevante. Además, esa tendencia de reducción de costes y la entrada de las renovables van a bajar la tarifa eléctrica; y en seguridad del suministro, la propia disminución de la dependencia energética nos aleja de la problemática de los choques de precios. 

Con respecto a la demanda, hace falta que la fuerza del mercado empiece a maquetar una oferta en función de lo que soliciten los consumidores que están en su zona de actuación, además de contar con la colaboración de los operadores de redes, también involucrados en este debate”.

Rafael Mateo (Acciona): “La transición no es el destino, es el viaje”

Rafael Mateo es consejero delegado de Acciona Energía desde enero de 2010 y miembro del Comité de Dirección de la compañía. Suma más de tres décadas años en el sector eléctrico y gran experiencia en mercados latinoamericanos, ejerciendo varios años como alto directivo de Endesa, en diversas posiciones. Es ingeniero industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Zaragoza.

“Voy a hablar desde el punto de vista de una empresa que por tercer año consecutivo ha sido considerada como la utility más verde del mundo, y que opera en 20 países, lo cual nos da visibilidad en distintos tipos de mercado. No corresponde a las empresas hacer políticas de regulación, sino invertir y operar allá donde las regulaciones son confortables.

No hay duda de que la disrupción tecnológica nos permite hablar de que el futuro va a ser renovable (por ejemplo, en los paneles solares estamos hablando de costes de la inversión de 0,6 o 0,65 dólares por vatio pico en países de mediano coste, o de turbinas eólicas súper eficientes). Estamos en el momento cero de la transición energética. Hoy las tecnologías renovables han alcanzado su madurez, pero la transición no es el destino, es el viaje; y hace falta el vehículo, el dinero, los pasajeros y los mapas. 

Nuestro único objetivo es liderar el cambio climático y conseguir que la energía sea asequible y, sobre todo, accesible, porque hay todavía algo más de un billón de potenciales consumidores que no tienen acceso. 

Otro factor son las finanzas. Es ingente la cantidad de fondos que quieren invertir en renovables. Hay mucho más dinero para invertir en renovables que proyectos bancables para que se invierta en ellos. Esto sucede, porque los fondos se han dado cuenta del bajísimo riesgo de este producto energético: no tiene volatilidad, no está sometido al riesgo climático ni al riesgo del precio de los commodities. Simplemente hay que invertir una vez y esperar “n” años. Estamos en un claro escenario de costes fijos, porque los variables de las renovables son mínimos. 

La transición es también una disrupción también social, pues tendremos que salir de un entorno para ir a otro. Por ejemplo, China ha conseguido modélicamente hacer una rápida transición. Ha cerrado plantas de carbón desempleando a un millón y medio de chinos, pero simultáneamente ha hecho un plan quinquenal de creación de renovables, ocupando a 30 millones de ciudadanos. La sociedad tiene que percibir que la transición energética es una oportunidad de creación empleo.

La demanda es fundamental en tres ámbitos: uno, eficiencia energética, porque si no desacoplamos el crecimiento económico de los usos de la energía, por mucho esfuerzo y descarbonización que hagamos va a ser prácticamente imposible cumplir el límite de emisiones; segundo, cambio hacia vectores energéticos dirigidos a la electrificación –renovables y gas–, menos contaminantes y más eficientes; y tres, la gestión de la demanda, consiguiendo que sea mucho más activa. 

Por último, las políticas deben definir cómo ha de ser la transición y fijar la velocidad, que debe ser la máxima. En Acciona tenemos la suerte de operar en muchos países. En aquellos donde las reglas del mercado funcionan solas, los operadores e inversores están dispuestos y aparecen mecanismos de subasta pública o privada; son países que están alcanzando una entrada inteligente en la transición.

También hay otros mercados donde estamos bien servidos o incluso tenemos más energía de la que necesitamos, en los que la transición se tiene que forzar, porque lo que necesitamos es hacer una sustitución. Ahí es donde deben entrar las políticas, y por supuesto gobernantes con luces largas. La transición no es solo sustituir combustibles fósiles por renovables, es un cambio de modelo económico. 

Tal y como apunta Bloomberg, los cambios del paradigma energético van a cambiar la hegemonía de los países. En este momento, todos tienen acceso a los mismos recursos. Por ejemplo, Bolivia, uno de los países más pobres del mundo, que hasta hace poco exportaba algo de gas a Argentina, quiere ser una economía hegemónica y ha invertido masivamente en fuentes de energía solar para tener acceso a una energía muy barata, que le permita exportar el gas que queda y sobre todo desarrollar una economía a base de sus recursos naturales. En el pasado, hemos visto cómo aquellos países hegemónicos eran los que tenían recursos energéticos (carbón, petróleo o gas). Ahora dependerá de cómo se enfoque y cómo de inteligente y rápida sea la transición energética, como para que Bolivia se convierta en la Arabia Saudí del litio o China consiga mejorar su calidad de aire y convertirse en una potencia de renovable. Por su parte, España necesita atreverse a ajustar el mercado, para que todo fluya y los clientes quieran comprar su energía a largo plazo”.

Rafael Borge (UPM): “La calidad del aire es una palanca para instrumentalizar medidas locales que pueden tener un efecto global”

Rafael Borge es profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador de laboratorio de modelización ambiental en el departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la misma universidad. 

“La calidad del aire es una restricción fundamental, e impone una necesidad de actuación inmediata. Según la OMS, una mala calidad del aire exterior está generando del orden de 3,7 millones de muertes prematuras al año. Incluso Europa, donde tenemos buena calidad del aire, registra del orden de medio millón de muertes prematuras. La estimación solo de costes directos en salud está entre los 200.000 y 800.000 millones de euros en Europa, lo que puede llegar a suponer hasta el 2% del PIB. 

Los efectos están sucediendo en las grandes ciudades. A mitad de siglo, el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades, y dos terceras partes del consumo energético final se producen en ellas. Debemos actuar desde la gestión de la demanda, porque es realmente el motor de las emisiones. La calidad del aire es una palanca muy buena para instrumentalizar medidas locales que pueden tener un efecto global. Tenemos que comprender que, en el fondo, los problemas de calidad del aire y de cambio climático tienen un arranque común. Los gases de efecto invernadero y la polución de la calidad de aire tienen en común que en gran medida las emisiones se producen dentro de las grandes urbes. 

En Madrid, el 75% de los niveles locales de NO2 que respiramos proceden del tráfico rodado. El plan de calidad del aire y cambio climático del Ayuntamiento de Madrid considera que este tema necesita más soluciones desde el punto de vista tecnológico y de la demanda. La reducción del número de vehículos merma la emisión del resto, ya que la tasa de emisión específica depende del grado de congestión, y aquí no hay nada de tecnología. Con eso vamos a tener un efecto muy importante sobre el NO2 y las partículas, teniendo en cuenta que un tercio de la masa de las partículas de los coches fundamentalmente son black carbon. Por otro lado, vamos a actuar sobre el tercio que supone el sector del transporte en gases de efecto invernadero. 

Esto hay que complementarlo con medidas tecnológicas. La más madura y avanzada es la electrificación del parque móvil, que tendrá un efecto importante sobre el NO2, en la medida en que seamos capaces de lograr una penetración potente. También vamos a reducir las partículas, en este caso menos porque muchas de las que respiramos no vienen del tubo de escape sino de la propia calle y de la red de suspensión, y los coches eléctricos –igual que los convencionales– tienen fricción y abrasión, y esas partículas van a estar ahí.

No podemos desacompasar esta actuación de una renovación totalmente renovable en la generación eléctrica. Mis dudas están relacionadas con cómo se gestiona e implementa esto a nivel de gobernanza. Junto a esa movilidad sostenible, está la regeneración urbana, con actuaciones sobre sectores como el doméstico, el residencial y el comercial, esencialmente las relacionadas con el calor en el ámbito urbano –que tiene unas emisiones muy importantes por el consumo de combustibles fósiles directamente–, y el sistema de refrigeración –donde hay mucho desarrollo tecnológico–, así como mejoras en el aislamiento en la edificación y en la eficiencia energética.

A pesar de que reguladores locales –los ayuntamientos– tienen mucha capacidad regulatoria y de acción rápida y directa, en la práctica hilar un plan que sea razonable en términos de mejora de calidad del aire y de reducción de emisiones locales es muy complicado, porque obliga a tomar medidas decididas y poco populares. Es necesario desarrollar modelos de incentivos para la rehabilitación de viviendas, o al menos para el cambio de aislamiento, la instalación de calderas más eficientes, etc., pero también afrontar las medidas impopulares, como restringir el tráfico, racionalizar el uso de ciertos recursos de la ciudad, etc. Todo esto pasa por concienciar al ciudadano sobre sus hábitos de consumo y el efecto que tienen. 

Alberto Amores, socio responsable de Estrategia Corporativa, Energía y Recursos de Monitor Deloitte; Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas; Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola; Rafael Mateo, CEO de Acciona Energía y Rafael Borge, profesor del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la UPM. 

Texto publicado en Executive Excellence nº146 mar. 2018.